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Los integrantes de la mesa por el Acuerdo Nacional de Seguridad Pública, impulsado por el Gobierno, llegaron a una serie de conclusiones sobre medidas a llevar a cabo en este ámbito; incluyendo modificaciones al orden de dependencia de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), mayores atribuciones a los municipios en la prevención de delitos, entre otros.
Conclusiones a las cuales tuvo acceso Radio Bío Bío y que se conocen tras el proceso de trabajo de 90 días que tuvo el grupo que presentó, el pasado 6 de abril, el presidente Sebastián Piñera y que forman parte de los 5 acuerdos nacionales que comprometió el 11 de marzo. Mesa que tuvo representación transversal.
Sin embargo, sus 23 integrantes no lograron ponerse de acuerdo respecto a un punto: si la actual Agencia Nacional de Inteligencia debería depender directamente del Presidente de la República o que continuara bajo el alero del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
Interrogante, que según explicaron distintas fuentes que participaron del debate, al no haber acuerdo se optó por incluir los dos puntos como recomendaciones. Es decir, se dejó en manos del presidente Piñera zanjar el punto.
Pese a eso, el informe final incluye que la ANI debe ser reformulada, específicamente “dotándola de mayores facultades”. A esto se llegó producto del diagnóstico que determinó que el sistema de inteligencia chileno debe transformarse para que cumpla con el rol que se espera de ellos.
Carabineros y PDI
Donde sí hubo consenso fue sobre el futuro de Carabineros y la Policía de Investigaciones, que, a raíz del actuar delictual de altos oficiales de la institución uniformada, se determinó proponer al Presidente restringir la libertad que tiene actualmente el mando respecto a las materias de orden administrativos y operativos.
Para ese fin se recomienda “la incorporación de un control externo financiero y operativo”. En tanto, respecto al área financiera, se propone “incluir un sistema de auditoría externa, mientras el operativo directamente por medio del ministerio del Interior”.
Además, se incluye que “Carabineros y PDI cada 4 años propongan un plan estratégico el cual debe ser aprobado por el Ministerio del Interior”.
Armas en Chile
Una de las preocupaciones que apareció con fuerza dentro de los 23 integrantes de la mesa por el Acuerdo Nacional es la existencia de armas de fuego que deambulan en las poblaciones chilenas, las cuales en muchos casos terminan siendo usadas por delincuentes.
En esta línea, la propuesta establece que en un breve plazo se inicie “un proceso nacional de reinscripción”. Es decir, los civiles que mantengan legalmente inscritas sus armas estarán obligados a reinscribirlas.
Pero no es el único punto, también se propone crear un nuevo “sistema de trazabilidad de las municiones”, quedando en manos de Carabineros el seguimiento de todos los pertrechos comercializados en el país.
Propuestas que en su mayoría ya están en conocimiento del presidente Sebastián Piñera pero que la ceremonia de entrega del documento se materializará la mañana del 17 de julio próximo.
Recordemos que la comisión que partió el 6 de abril y terminó su trabajo ayer jueves 5 de julio, estuvo integrada por Andrés Chadwick, ministro del Interior y Seguridad Pública; Hernán Larraín, ministro de Justicia y Derechos Humanos; Rodrigo Ubilla, subsecretario de Interior; Katherine Martorell, subsecretaría de Prevención del Delito y Cristóbal Lira, asesor del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
En tanto, desde el mundo parlamentario participaron los senadores: Carolina Goic, Felipe Harboe, Andrés Allamand y Juan Antonio Coloma. Mientras por la Cámara baja estuvieron los diputados: Matías Walker, Gonzalo Fuenzalida, Andrés Molina, José Pérez, Javier Macaya y el exdiputado y exministro de Bachelet, Jorge Burgos.
Los alcaldes también tuvieron representación, y esto fue a través de Jorge Sharp de Valparaíso, Felipe Alessandri de Santiago, Claudia Pizarro de La Pintana y Johnny Carrasco de la comuna de Pudahuel.
Desde organizaciones civiles e institucionales estuvieron la Directora de la Unidad Anticorrupción Ministerio Público, Marta Herrera; el director Ejecutivo Paz Ciudadana, Daniel Johnson; el ex Contralor General de la República, Ramiro Mendoza y por las universidades estuvo Franz Vanderschueren de la Universidad Alberto Hurtado.
