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Durante la jornada de este martes se reformalizó a los imputados del Caso Penta, Carlos Alberto Délano, Carlos Eugenio Lavín y al exsubsecretario de Minería del primer gobierno de Sebastián Piñera, Pablo Wagner; instancia en la cual la Fiscalía eliminó el delito de cohecho reemplazándolo por el de apoyo económico indebido.
Lo anterior, en una audiencia en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago en relación a los 14 pagos por un total de 42 millones de pesos, entre el 30 de junio de 2010 y septiembre de 2012, los que empresas Penta hizo a Wagner.
En concreto, en la instancia, el fiscal regional oriente, Manuel Guerra, leyó por más de dos horas y media los cargos y antecedentes acumulados en esta causa por financiamiento ilegal de la política, los cuales se han acumulado tras cuatro años de indagatorias contra los tres imputados.
En marzo, la Fiscalía solicitó 10 años de presidio en contra de Délano, Lavín y Wagner por cohecho y delitos tributarios, más el de lavado de activos .
No obstante lo anterior, el reemplazante de Carlos Gajardo en el cargo, el jefe de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente, el fiscal Felipe Sepúlveda, anunció este martes el cambio de cargos contra Wagner, lo que benefició de manera directa a Délano y a Lavín, al dejar de ser estos quienes -presuntamente- sobornaron al otrora funcionario público.
Con lo anterior se eliminó el delito de cohecho, con lo que se puede pedir menos de 5 años de prisión, pena que puede cumplirse con beneficios como la libertad vigilada.
A esta eliminación se opondrá el Consejo de Defensa del Estado (CDE), motivo por el cual uno de sus miembros, María Inés Horwitz, acudió a la audiencia. Ella será la encargada de exponer en estrado la postura del CDE, la que es contraria a la realización del actual proceso abreviado que lleva adelante el fiscal Guerra.
El persecutor también rectificó el monto del perjuicio fiscal que significaron estas operaciones del grupo Penta, llegando a 1.714 millones de pesos. Pese a ello, ambos controladores precisaron que devolverán $1.700 millones, acción que cuenta con respaldo del Servicio de Impuestos Internos, entidad que no se opondrá a la salida alternativa al juicio oral.
A la audiencia también llegaron los abogados querellantes del Partido Socialista, Enrique Aldunate; y de Ciudadano Inteligente, Mauricio Daza. Este último criticó la rebaja de cargos que favorece a Lavín y a Délano y acusó a Guerra de ser un defensor de sus intereses y no un miembro del Ministerio Público.
