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El ministro Gonzalo Blumel anunció que esta semana el Gobierno enviará al Congreso la indicación sustitutiva al proyecto de ley que reforma el sistema de adopción en Chile.
En conversación con Radio Bío Bío, el secretario de Estado describió cómo será la iniciativa, cuyo debate estará marcado sobre si será posible la adopción homoparental y la división de opiniones que hay en la coalición oficialista Chile Vamos.
Ante la pregunta sobre si la indicación tomará la adopción de parejas del mismo sexo, Blumel explicó que el texto tendrá criterios de exclusión para quienes tengan antecedentes que serían incompatibles con la posibilidad de adoptar, los que no incluyen si el padre o madre es homosexual.
“Lo que va a hacer esta ley es que primero va a fijar criterios de exclusión. ¿A quiénes va a excluir? A quienes tengan evidentes antecedentes de que no pueden ser padres o madres adoptivos. Quienes tengan condenas por algún tipo de delito, antecedentes por consumos problemáticos de alcohol y drogas. Ese tipo de elementos de exclusión”, declaró.
“Después se fijan una serie de criterios positivos de inclusión, donde en virtud del interés superior del niño se pueden establecer cuáles son los parámetros que se requieren para ser padre o madre adoptivo”, agregó a continuación.
Según Blumel, la decisión final de la adopción la tendrá el juez de familia, quien tendrá que hacer el cruce de información entre las capacidades de los padres y madres y el interés superior del niño.
“Finalmente, se entrega la decisión al juez de familia, para que en función de esos criterios, conociendo cada caso de los niños vulnerados que están en proceso de adopción y las personas que quieran adoptar, en definitiva se pueda hacer ese cruce entre el interés superior del niño y las capacidades que tienen los padres o madres adoptivos para poder restituir ese hogar de dichos niños”, aseveró.
Ley Antinepotismo
Blumel también se refirió a la Ley de Integridad Pública que, según dijo, “recoge varios aspectos que han quedado pendientes en las reformas de probidad y transparencia de los últimos años”.
La idea principal sería “regular de mejor manera el ingreso, la permanencia y la salida de los funcionarios del sector público”.
Respecto a la salida, el secretario de Estado indicó que se buscará ampliar lo conocido hoy como “periodo de enfriamiento”, que regula el tiempo en que fiscalizadores del sector público pueden incorporarse a trabajar en el ámbito privado.
En esa línea, este criterio se extendería a ministros y otras autoridades, además de ampliar el periodo de seis meses a un año.
En cuanto al ingreso, establecería mayores restricciones a las relaciones con los familiares. En atención a este punto, consultado por el caso de Pablo Piñera, indicó que “sí podría haber sido embajador porque es una persona que reunía todos los requisitos y méritos para asumir ese cargo”.
“Lo que planteamos, es que dada la duda (…) haya un ente imparcial que evalúe méritos y capacidades de las personas que tienen algún grado de parentesco con las más altas autoridades”, dijo Blumel, enfatizando en que “ser pariente no puede ser una ventaja, pero tampoco una desventaja”.
Pensiones
Blumel destacó que las iniciativas en materia de pensiones se concentrarán en dos ejes: aumento de los montos y reforma al sistema de administración.
Respecto al aumento, indicó que son cuatro los ejes fundamentales. El primero es un aumento de 4 puntos en la cotización con cargo al empleador. Segundo, aumento en pensiones básicas solidarias.
Se trata, detalló, de “13 mil pensionados más vulnerables que les vamos a incrementar el monto de las pensiones”.
El tercer punto se trata de la creación de una bonificación o aporte del Estado a las pensiones de las mujeres; y cuarto, un aumento a las pensiones de la clase media.
Todos estos cambios, dijo Blumel, deberán ser graduales, debido al alto costo fiscal, que será de “cerca de 1.500 millones de dólares”.
Respecto a la reforma a la industria, el eje estaría puesto en “más transparencia y facultades para que los cotizantes para administrar con mayor libertad su fondo”.
Adicionalmente, indicó, “introducir nuevos actores al sistema de administraciones de pensiones que hoy está cerrado a las AFP (…) para que bajen los costos y mejoren la rentabilidad de los fondos”.
Asimismo, respaldó los fomentos para quienes “quieran mantenerse en la vida activa: si alguien quiere seguir trabajando hay que cambiar esto que pasa hoy, que el sistema lo echa”.
¿Cómo? con “aumento de bonificaciones especialmente de mujeres o clase media”
Financimiento ilegal de la política
Blumel también fue consultado por la revelación de los correos entre Giorgio Martelli, operador político de la ex Concertación, y Felippe Padovani, primer presidente de la empresa brasileña OAS en Chile.
“Lo que se conoce en ese reportaje no permite sabe si hay financiamiento ilegal o no, se habla de reportes reservados, pero no es punto fundamental”, dijo.
Para Blumel, “lo más complejo o más grave es que los aportes se combinaban con una cierta política de hacer lobby para conseguir reuniones con ciertas autoridades”.
Por lo mismo, se mostró a favor de investigar los casos “más allá si están prescritos”, porque “es una forma de operación muy compleja donde en el fondo el financiamiento de la política se relaciona con, a lo menos, acceso a la autoridad”.
En la misma línea, consultado sobre la negativa del gobierno de remover al director del SII a pesar de las críticas por no presentar querellas en estos casos, Blumel respaldó la decisión fundamentando que “el director termina el periodo muy pronto”.
“Si nosotros removiéramos a diestra y siniestra también nos estarían criticando”, advirtió.
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