Un grupo de dirigentes sindicales de empresas públicas se reunieron la tarde de este lunes con el contralor, Jorge Bermúdez, para hablar respecto a un dictamen emanado por dicha institución que -a su juicio- pondría en jaque las negociaciones colectivas de sus trabajadores.

En concreto, reclaman por la respuesta de la Contraloría General de La República (CGR) el pasado 2 de mayo a una consulta sobre la situación del exdirector de Codelco, Augusto González.

El documento señala que la renuncia de un trabajador dando aviso a su empleador con 30 días de anticipación no otorga derecho a la indemnización de años de servicio que regula el artículo 163 del Código del Trabajo.

Sin embargo, el código colectivo firmado tras una negociación del sindicato al que pertenecía González, señalaba que en casos como éste se entregaría la indemnización de todas formas, cuyo monto en este caso ascendería a los 209 millones de pesos.

Ante esto, el recientemente creado Frente de Trabajadores de Empresas del Estado -en el que participan dirigentes sindicales de compañías como Correos de Chile, ENAP, Metro, Enami, Codelco, BancoEstado, Empresas Portuarias de Chile, entre otros- acusa que el dictamen de la CGR pone en jaque las negociaciones colectivas y podría influir en las restricciones de beneficios laborales. Por ello manifestaron ante Bermúdez su preocupación.

Tras conversar con el líder del ente fiscalizador, los trabajadores se manifestaron conformes puesto que les señaló que no pretende tocar los contratos colectivos ni los derechos adquiridos, sino regular los excesos como el señalado en este caso en particular.

En este contexto, si bien los dirigentes concuerdan que ese beneficio no le correspondía al exdirectivo, esperan un recurso de reconsideración de parte de Codelco para que se respeten los acuerdos del resto de los trabajadores.

Según explicó Nolberto Díaz, secretario general de la CUT, trabajarán en conjunto con Contraloría para fiscalizar que no se repitan casos como el de González, quien según los representantes del Sindicato de Supervisores de Codelco tenía asignado bonos irregulares.