El Gobierno estadounidense impuso sanciones y ofreció recompensas millonarias este miércoles por numerosos individuos vinculados al narcotráfico en Brasil, México y China, incluyendo a los hijos del capo Joaquín “el Chapo” Guzmán.

También anunció la creación de un Consejo sobre Crimen Organizado Transnacional con el que busca perseguir con más agilidad este tipo de actividades.

Entre los nuevos sancionados, dados a conocer en sendos comunicados del Departamento del Tesoro y la Casa Blanca, figura Primeiro Comando Da Capital (PCC), considerado el grupo criminal más poderoso de Brasil cuyas operaciones llegan desde Sudamérica a Estados Unidos y Europa.

Asimismo, señaló como organización narcotraficante a dos grupos mexicanos salidos del cartel Beltrán Leyva: Los Rojos y Guerreros Unidos, a los que considera responsables de gran parte del tráfico de heroína desde México hacia Estados Unidos.

Por último, Washington incluyó en su lista de capos narcotraficantes al ciudadano chino Chuen Fat Yip, quien lidera una red en China dedicada a la venta de fentanilo y varios precursores químicos; y varias compañías chinas implicadas en estas operaciones Wuhan Yuancheng Gongchuang Technology, Shanghai Fast-Fine Chemicals y Hebei Atun Trading.

Como consecuencia de la designación, quedan congelados los activos que estas entidades y empresas puedan tener bajo jurisdicción estadounidense y se les prohíbe hacer transacciones financieras con ciudadanos estadounidenses.

El nuevo consejo establecido por el presidente estadounidense, Joe Biden, mediante una orden ejecutiva contará con la participación de funcionarios de los departamentos de Justicia, Tesoro, Estado, Defensa, Seguridad Nacional y la oficina del Director Nacional de Inteligencia.

“Las organizaciones narcotraficantes se encuentran entre las amenazas más significativas y con mayores recursos que encara Estados Unidos”, señaló un alto funcionario estadounidense, que pidió el anonimato, en una llamada telefónica para presentar la iniciativa.

Con la creación del Consejo, indicó, Washington busca contar con mayor “agilidad y flexibilidad” para perseguir estas redes criminales que “cada vez funcionan más como conglomerados internacionales” y cuyas operaciones suponen “un riesgo para la estabilidad y eficiencia los mercados y los sistemas financieros”.

“Sus actividades incluyen corrupción y violencia a gran escala, lo que socava el estado de derecho y ponen en peligro los gobiernos democráticos”, agregó.

Asimismo, señaló que estas organizaciones “han dejado de lado estructuras jerárquicas” y son “ahora más descentralizadas, con sus agentes financieros sin apenas contacto con los capos narcotraficantes, lo que complica su detección por parte de las autoridades.

El funcionario advirtió especialmente del daño que están causando en EEUU las redes implicadas en el tráfico de opiáceos sintéticos, como el fentanilo, que han acelerado las sobredosis en el país con más de 100.000 fallecidos en el último año.

Simultáneamente, el Departamento de Estado anunció el ofrecimiento de recompensas por varios individuos, que complementan las acciones anunciadas por el Departamento del Tesoro y la Casa Blanca.

Entre otros individuos a los que abarca esta medida, el Departamento de Estado ofrece cinco millones de dólares por información que conduzca al arresto o condena de los mexicanos Ovidio Guzmán López, Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Joaquín Guzmán López, hijos del Chapo Guzmán.

“Los cuatro son miembros de alto rango del cartel de Sinaloa y cada uno está sujeto a una acusación federal por su involucramiento en el tráfico ilícito de drogas”, señaló el Departamento de Estado en una declaración.

Joaquín “el Chapo” Guzmán Loera, exlíder del cartel de Sinaloa, fue extraditado de México a Estados Unidos el 19 de enero del 2017 y condenado a cadena perpetua el 17 de julio de 2019 en un Tribunal Federal de Nueva York. Actualmente cumple su condena en una prisión de máxima seguridad en Colorado.