El regulador nuclear de Japón aprobó este viernes un plan para liberar más de un millón de toneladas de agua contaminada de la planta de Fukushima al océano, lo que provocó protestas desde China. Se estima que la capacidad de la planta que estaciona agua contaminada se saturará pronto.

Este proyecto fue adoptado por el gobierno y respaldado por la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA), pero el operador de la planta, Tepco, aún debe convencer a las comunidades locales para seguir adelante.

El plan consiste en verter de forma paulatina al océano Pacífico más de un millón de toneladas de agua contaminada con tritio, un radionucleido que no puede ser eliminado por las tecnologías actuales, pero cuya dilución en el mar ya se practica en Japón y en el extranjero en instalaciones nucleares en funcionamiento.

Esta agua tritiada proviene de la lluvia, aguas subterráneas o inyecciones de agua necesarias para enfriar los núcleos de varios reactores nucleares de Fukushima que se fusionaron debido al tsunami del 11 de marzo de 2011.

Se instalaron más de mil depósitos alrededor de la planta para almacenar esta agua tritiada tras operaciones de depuración destinadas a eliminar otras sustancias radiactivas. Pero la capacidad de almacenamiento se saturará pronto.

Según los expertos, el tritio solo es peligroso para los humanos en dosis muy concentradas, situación a priori excluida en caso de que se produzca una liberación en el mar a lo largo de varias décadas, tal y como prevé Tepco.

El OIEA también cree que este proyecto se realizará “en pleno cumplimiento de los estándares internacionales” y que “no causará daños al medio ambiente”.

Tepco tiene previsto iniciar la operación en la primavera de 2023, tras la construcción de un conducto submarino para transportar agua tritiada a aproximadamente un kilómetro de la costa.

Pero el operador todavía tiene que obtener las autorizaciones previas del departamento de Fukushima y los municipios cercanos a la planta, al mismo tiempo que está tratando de disipar las preocupaciones de los pescadores locales, por temor a las consecuencias negativas sobre la reputación de su pescado entre los consumidores.

El proyecto también fue criticado por sus vecinos, China y Corea del Sur, así como por organizaciones ambientales como Greenpeace.

“Si Japón sigue poniendo sus propios intereses por encima del interés general internacional, si insiste en dar (este) paso peligroso, definitivamente pagará el precio de su comportamiento irresponsable y dejará una mancha en la historia”, declaró este viernes el portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Wang Wenbin.