Enviando corrección, espere un momento...
La ONG Human Rights Watch (HRW) denunció este jueves que la junta militar de Birmania continúa cometiendo violaciones a los Derechos Humanos, en esta ocasión contra un grupo de decenas de manifestantes que fueron atacados con fuego real mientras las fuerzas de seguridad les “acorralaban”.
Al menos 65 personas murieron el pasado 14 de marzo durante una jornada de protestas en el municipio Hlaing Tharyar, en la ciudad de Rangún, contra el golpe de Estado de un mes antes, según ha podido saber la ONG, que acusó a las fuerzas de seguridad de disparar sobre 200 personas que no suponían amenaza alguna.
“La masacre de varias docenas de personas a las afueras de Rangún por parte de las fuerzas de seguridad a mediados de marzo no fue para controlar disturbios descontrolados”, denunció el investigador de HRW Birmania, Manny Maung, quien asegura que estos “asesinatos” tienen “el sello de un ataque planificado”.
“Los responsables, independientemente de su rango, deben rendir cuentas”, demandó Maung. La ONG explicó que las fuerzas de seguridad llevaron a cabo un operativo de efecto embudo, con el que “acorralaron” a los manifestantes, a los que una vez atrapados atacaron con fuego real.
Aquel día, decenas de centenares de personas salieron a las calles de las principales ciudades del país, incluidas Rangún y Mandalay, para exigir la vuelta de la democracia. En Hlaing Tharyar, una zona principalmente industrial, los manifestantes levantaron barricadas horas antes de que comenzaran las protestas para protegerse de la represión de la junta militar.
El 15 de marzo, el día después de estos hechos, las autoridades castrenses birmanas acusaron a los “alborotadores” de incendiar fábricas de ropa y bloquear el paso de los bomberos, imponiendo la ley marcial en Hlaing Tharyar y en el vecino municipio de Shwe Pyi Thar.
Ante la represión de la junta militar, los opositores han comenzado a realizar protestas y movilizaciones menos multitudinarias, con más carga simbólica, en un intento por evitar nuevas masacres como las vividas los primeros meses desde que se impuso el golpe de Estado el 1 de febrero. Según la Asociación de Asistencia para Presos Políticos (AAPP), una organización sin fines de lucro, al menos 1.300 personas han muerto y más de 10.000 han sido arrestadas desde la asonada.
