¿Petro podrá reformar la salud y el sistema laboral de Colombia por consulta popular?

A un año de las elecciones presidenciales, Colombia atraviesa una marcada polarización política que frena las reformas sociales impulsadas por el presidente Gustavo Petro, debido a la resistencia de la oposición dentro del Congreso para aprobarlas. Ante este escenario, el mandatario anunció el 11 de marzo su decisión de convocar a una consulta popular, con el propósito de someter a votación dos de sus principales iniciativas: la reforma laboral y la de salud.

“Que sea el pueblo el que decida”, expresó Petro el martes en una alocución al país, tras la firma de una resolución por parte de ocho de los 14 miembros de la Comisión Séptima del Senado, en la que se decidió archivar la iniciativa laboral.

La Comisión Séptima del Senado es la encargada de analizar temas vinculados al servicio público, los derechos de los trabajadores, la seguridad social y la carrera administrativa. Además, trata asuntos relacionados con la salud, la vivienda, la economía solidaria, el deporte, la recreación y las políticas dirigidas a la mujer y la familia, entre otros.

El mandatario acusó a esta comisión de intentar bloquear sus reformas a la salud y laboral “con engaños”. Al mismo tiempo, Petro declaró que, “el gobierno convoca al pueblo colombiano, todo, a decidir y convoca una consulta popular para definir la reforma laboral y la reforma a la salud”.

La decisión generó un intenso debate en el país, con sectores que respaldan la medida como un ejercicio de democracia directa, mientras que otros la consideran una estrategia para presionar al Legislativo.

“El gobierno ha decidido otro camino. Nosotros creemos que es al pueblo al que le toca decidir”, agregó el mandatario.

En este contexto, el gobierno declaró el martes como día cívico, en el que otorgó asueto administrativo a los trabajadores estatales de la administración nacional, con el objetivo de facilitar su participación en las manifestaciones en apoyo a las reformas y demostrar la fuerza del oficialismo en las calles.

Sindicatos, movimientos sociales y diversos sectores se movilizaron en varias ciudades del país para expresar su respaldo a las propuestas del Ejecutivo.

De la salud privada a la salud pública: el desafío de Petro

La reforma de salud busca transformar el actual sistema que data de 1993, que se basa en la participación de empresas privadas conocidas como Entidades Promotoras de Salud (EPS). Estas EPS son responsables de afiliar a los ciudadanos y garantizar la prestación de servicios médicos, y actúan como intermediarias entre el Estado y los usuarios.

Sin embargo, el gobierno colombiano señaló que muchas de estas entidades enfrentan problemas financieros y operativos, lo que afecta la calidad y cobertura del servicio.

La reforma impulsada por Petro tiene dos objetivos principales. Por un lado, convertir a las EPS en gestoras encargadas de administrar los cobros que las clínicas realicen al Estado; por otro, crear los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS), una red de centros médicos públicos que garantizarían el acceso a la atención tanto en zonas urbanas como rurales.

Este cambio busca que el Estado asuma directamente la gestión y distribución de los fondos destinados a la salud, para garantizar un “modelo más inclusivo, equitativo y eficiente”, según comunicaron desde el Ministerio de Salud colimbiano. Además, se pretende fortalecer la atención primaria, especialmente en zonas rurales y apartadas, con el objetivo de reducir las brechas existentes en el acceso a servicios de salud.

No obstante, esta reforma ha generado críticas y preocupaciones en diversos sectores. Algunos expertos advierten sobre los desafíos que implica una transición abrupta hacia un sistema completamente público, señalando posibles riesgos de burocratización y disminución en la calidad del servicio.

Además, existe incertidumbre sobre cómo se garantizará la eficiencia en la gestión de los recursos y la prestación de servicios en un modelo centralizado.

¿Qué plantea la reforma laboral?

La reforma laboral petrista, tiene como objetivo principal, según el gobierno, mejorar las condiciones laborales de los trabajadores colombianos y reducir la informalidad.

Según los últimos datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la informalidad laboral en Colombia es del 56,0% y sigue siendo uno de los principales obstáculos para el desarrollo económico y social en Colombia.

Las estadísticas oficiales muestran que en las principales ciudades y áreas metropolitanas la tasa de informalidad se mantiene en el 42,5%, en el promedio de las 23 ciudades medidas asciende al 43,8%. No obstante, la situación es aún más crítica en las regiones rurales, donde el índice alcanza el 82,8%.

Uno de los principales cambios que plantea la reforma, es la priorización de los contratos a término indefinido, que busca brindar mayor estabilidad a los empleados y limitar el uso excesivo de contratos temporales o por prestación de servicios.

Además, la reforma propone una redefinición de la jornada laboral. Establece que el horario diurno abarque de 6 am a 6 pm, lo que implica que las horas de trabajo fuera de este rango sean consideradas nocturnas y, por ende, remuneradas con un recargo adicional. También se plantea un incremento en el pago por trabajo en días dominicales y festivos, que pasan del 75% con la ley actual, al 100% de recargo si es aprobada la reforma.

Otro aspecto, es el fortalecimiento de los derechos sindicales. Se busca promover la libertad de asociación y garantizar condiciones adecuadas para la negociación colectiva, con el fin de equilibrar las relaciones entre empleadores y empleados. Asimismo, la iniciativa del gobierno liderado por Petro, contempla la protección de los trabajadores de plataformas digitales, para asegurar derechos laborales básicos y condiciones de trabajo dignas.

¿Es la consulta popular una presión al Congreso?

Ante la falta de apoyo legislativo para sus reformas, Petro busca legitimar sus propuestas a través del respaldo ciudadano. “El Congreso de Colombia le está dando la espalda al pueblo (…). El pueblo debe rebelarse con la mayor fuerza posible. No admitimos tiranías”, dijo Petro ante una multitud en la Plaza de Bolívar, antes de que la comisión rechazara la reforma laboral.

Laura Lizarazo, Analista de Riesgo Global de Control Risks, señala a BioBío que, “hay un gran segmento de los trabajadores formales, sobre todo los que están sindicalizados, que apoyan de manera clara y abierta esta reforma laboral”.

La experta explica que, “hay un segmento muy importante de los trabajadores jóvenes que tienen serias dificultades para acceder a empleos en condiciones no precarias y una muestra de esto es también es la diversidad de perfiles y de actores que salieron a marchar a favor de las reformas”.

Si bien una consulta exitosa podría fortalecer la posición del presidente y generar un mandato claro para el Congreso, un resultado adverso o una baja participación podrían debilitar el liderazgo de Petro, en un año en el que se definen a los candidatos que buscarán la presidencia en 2026.

“Todavía no es claro si esta consulta popular llevaría la aprobación de la reforma”, analiza Lizarazo. Y agrega que, “no es claro con qué preguntas puntuales el gobierno presentaría esta iniciativa a aprobación popular, pero en caso de que de que llegara a aprobarse, tampoco hay una claridad certera si generaría un impacto negativo en la generación de empleo”.

Es importante destacar que, para que una consulta popular tenga efectos vinculantes en Colombia, se requiere la participación de al menos un tercio del censo electoral. Por ello, la efectividad de esta estrategia dependerá en gran medida de la capacidad del gobierno para movilizar a sus bases y convencer a la ciudadanía de la importancia de su participación.

“Hay cierto grado de desencanto respecto a la administración Petro, porque fue elegida justamente bajo una bandera de transformación radical del modelo económico y de desarrollo del país”, indica la experta. Y asegura que el gobierno: “ha tenido pocos avances o ha sido poco exitosa en alguno de sus frente emblemáticos, por ejemplo, lo que respecta la reforma a la salud y a la reforma laboral”.
“Hay un segmento importante de la población que probablemente se siente defraudada o está aún a la espera de resultados fuertes eh por parte de este gobierno”, finaliza Lizarazo.

Una nueva consulta popular para Colombia

Desde 1991, Colombia ha utilizado mecanismos de consulta popular a nivel nacional en tres ocasiones. El primero fue el referendo impulsado por Álvaro Uribe en 2003 “contra la corrupción”; luego en 2016 el plebiscito por la paz promovido por Juan Manuel Santos; y el último, la consulta anticorrupción liderada por Claudia López -exalcaldesa de Bogotá- y otros dirigentes políticos en 2018. Sin embargo, ninguno de estos procesos logró el éxito esperado.

La Constitución y la ley establecen que el presidente, con la firma de todos sus ministros, tiene la facultad de consultar “al pueblo decisiones de trascendencia nacional”. Para iniciar el proceso, se requiere un “concepto favorable del Senado”, y el resultado de la consulta será vinculante.

Una vez radicada la solicitud, la plenaria del Senado dispone de 20 días, prorrogables por 10 más, para emitir un concepto favorable. Sin este aval, la consulta no es viable. Si la consulta recibe luz verde, la votación debe realizarse en un plazo máximo de tres meses.
Para que el resultado sea vinculante, al menos un tercio del censo electoral -equivalente a 13,6 millones de ciudadanos- debe participar, y cada pregunta debe obtener un mínimo de 6,8 millones de votos afirmativos.

En caso de aprobarse la consulta, el Congreso tendrá la obligación de tramitar un proyecto de ley en el siguiente período legislativo. Si no lo hace, el presidente podrá recurrir a decretos legislativos para implementarla.