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El despliegue de las Fuerzas Armadas en las calles de la capital peruana busca frenar el avance de la criminalidad, pero expertos y autoridades locales advierten que la medida no ha logrado reducir la violencia de manera sostenida. Mientras el sicariato y las extorsiones siguen en aumento, surgen dudas sobre la efectividad de este régimen y los riesgos de aplicarlo en otras partes de la región.
El estado de emergencia en Lima y Callao, que permite el despliegue de militares para colaborar con la Policía Nacional, no es una medida nueva en el Perú. Esta estrategia ya fue utilizada anteriormente durante el gobierno de Dina Boluarte, ante el aumento de la violencia y la expansión de la delincuencia organizada.
A pesar de estos intentos gubernamentales, los expertos aseguran que la presencia de los militares no ha logrado frenar la ola criminal de forma efectiva. Esto plantea la pregunta: ¿Es esta medida una solución viable para otros países de la región, como Chile? A primera vista, según los expertos, no parece serlo. Los resultados obtenidos en Perú, en el pasado, no justificarían la repetición del modelo.
El reciente asesinato del cantante de cumbia Paul Flores García, conocido como ‘Russo’, durante un atentado armado contra el bus de su grupo, Armonía 10, en la zona este capitalina, puso nuevamente en evidencia la crisis de seguridad que enfrenta el país.
Aunque las autoridades peruanas decretaron el estado de emergencia en otras ocasiones, los crímenes siguen ocurriendo con frecuencia, incluidas las extorsiones, el sicariato y los homicidios, advierten los especialistas y algunas autoridades locales. Solo durante las primeras horas del pasado martes 18, día que entró en vigencia la medida, se reportaron oficialmente cuatro muertes en Lima, debido a ataques armados.
🎥 ¡Unidos somos más fuertes! 💪
🇵🇪 Fuerzas Armadas despliegan personal en distritos de Lima y Callao para apoyar a la Policía Nacional.
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— Mindef Perú (@MindefPeru) March 19, 2025
Cuestionan la eficacia de los militares
La estrategia de usar a los militares para controlar la delincuencia ha sido fuertemente criticada por varios expertos en seguridad. El exministro del Interior, José Elice, fue uno de los que se expresó en contra de la eficacia de esta medida. Para él, aunque el estado de emergencia puede tener efectos temporales, no resuelve el problema de fondo.
“El estado de emergencia, en realidad, sirve, pero de manera temporal y no resuelve el problema de fondo. Los delincuentes, como los sicarios, no le temen al estado de emergencia. No los disuade”, aseguró Elice, quien propuso la necesidad de una estrategia más integral y estructural.
En la misma línea, el general PNP (r) José Baella, exjefe de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote), también expresó su escepticismo sobre la efectividad del este régimen de excepción.
“No, definitivamente que no disuade a la delincuencia. Los antecedentes ya lo han demostrado, no funciona. Estamos repitiendo la misma receta fallida”, afirmó Baella, tras destacar que la falta de una planificación adecuada debilita la respuesta estatal ante la creciente criminalidad.
Opinión de los alcaldes por presencia de militares
En los distritos de Lima Metropolitana, donde se han implementado estas medidas de emergencia, los alcaldes también mostraron posturas divididas.
Hernán Sifuentes, alcalde de San Martín de Porres, uno de los distritos más afectados por la violencia, fue tajante al afirmar que el estado de emergencia no ha dado los resultados esperados.
“Está demostrado que el estado de emergencia no ha resuelto ni va a resolver el problema de fondo. No hay una estrategia y un plan integral para combatir la delincuencia”, indicó.
A lo largo de su gestión, Sifuentes ha insistido en que se debe invertir más en inteligencia policial para mejorar la articulación entre el Ministerio Público, el Poder Judicial y las fuerzas de seguridad.
En contraste, el alcalde de Ventanilla, Jhovinson Vásquez, mostró un enfoque algo más moderado. Aunque expresó su acuerdo con la declaración del estado de emergencia, subrayó que esta debe ir acompañada de estrategias claras.
“Es importante que las medidas vengan con lineamientos claros para contrarrestar la inseguridad. En mi distrito, cuando hubo emergencias anteriores, hubo una reducción de hasta un 22 % en los índices de delincuencia común. Sin embargo, cuando se levantó la norma, la situación volvió a empeorar”, dijo Vásquez, dejando claro que las soluciones deben ser sostenibles y no limitarse a medidas temporales.
Cifras de homicidios
Las cifras de homicidios en Perú alcanzan niveles alarmantes en los últimos años. Según datos del Sistema de Información de Defunciones (Sinadef), durante el gobierno de Dina Boluarte, el número de homicidios se disparó a 6,03 por cada 100.000 habitantes en 2024, lo que se traduce en más de 2.000 muertes.
Esta cifra es considerablemente más alta que en años anteriores, cuando la tasa de homicidios rondaba entre los 2,98 y 4,50 por cada 100.000 habitantes. Esta tendencia refleja un deterioro progresivo en la seguridad pública, a pesar de las constantes medidas y estados de emergencia.
El exministro del Interior Wilfredo Pedraza también criticó fuertemente el uso de ese modelo y lo calificó como “una respuesta insuficiente” ante la creciente violencia. Para el experto, la estrategia del gobierno está enfocada más en generar una imagen de acción para la población que en abordar el problema de fondo.
“Ni más policías ni militares en las calles van a lograr que la extorsión se reduzca. Todo lo contrario. La extorsión es un delito clandestino, se combate con inteligencia”, enfatizó Pedraza.
Falta de confianza
Uno de los factores que agrava la crisis de seguridad en el Perú es la desconfianza generalizada en las instituciones del Estado. César Ortiz Anderson, presidente de la Asociación Pro Seguridad Ciudadana (Aprosec), quien conversó con BioBioChile, advirtió que la falta de confianza en el Poder Judicial y en las fuerzas de seguridad es un obstáculo crucial en la lucha contra el crimen.
“Hoy la sociedad en su conjunto corre el riesgo de ser la próxima víctima del hampa organizada. El homicidio de Paul Flores demuestra que, no siendo la víctima elegida, también podemos ser víctimas estando en el lugar y hora equivocada”, señaló Ortiz Anderson, tras remarcar que la corrupción en las instituciones estatales facilita la expansión del crimen organizado.
Además, las encuestas han reflejado la creciente desconfianza de los ciudadanos en las autoridades. Según encuestas de Datum, el 85 % de los peruanos no confía en el Poder Judicial, mientras que el 73 % desconfía de la fiscalía, lo que contribuye a la impunidad y a la ineficacia del sistema judicial.
¿Es replicable en otro país?
La pregunta de si el modelo de estado de emergencia utilizado en Perú podría replicarse en Chile u otros países de la región tiene una respuesta incierta. Aunque las medidas de emergencia han tenido cierto impacto temporal en la reducción de delitos menores, como el robo de carteras o celulares, los expertos y autoridades locales coinciden en que no abordan las causas profundas de la criminalidad, como el crimen organizado y la extorsión.
De hecho, las críticas hacia esta estrategia apuntan a que se trata de una solución superficial, que no aborda la falta de un plan integral y la debilidad de las instituciones encargadas de la seguridad.
En el caso de Chile, cuya situación de seguridad es menos crítica en comparación con Perú, algunos expertos creen que replicar el modelo de estado de emergencia podría resultar contraproducente.
De acuerdo a los expertos consultados, en lugar de usar a las Fuerzas Armadas para patrullar las calles, sería más eficaz invertir en una reforma del sistema de justicia, mayor colaboración entre las fuerzas de seguridad y el fortalecimiento de la inteligencia policial. De lo contrario, se corre el riesgo de caer en un ciclo de medidas temporales sin resultados duraderos.
