Enviando corrección, espere un momento...
VER RESUMEN
El gobierno de Javier Milei denunció ante la Justicia argentina alrededor de 200 casos de fraude y estafas en el cobro de la Asignación Universal por Embarazo (AUE), programa social instaurado en 2011 por Cristina Fernández de Kirchner, que otorga una suma mensual a personas gestantes desocupadas o con ingresos informales. El Ministerio de Capital Humano liderado por Sandra Pettovello presentó la denuncia por anomalías en certificados médicos falsos y documentación apócrifa. Se registraron 203 casos de fraude que representaron una pérdida de 165 millones de pesos argentinos para el Estado. La investigación reveló casos insólitos como certificados falsos de embarazo, con inconsistencias en las firmas de médicos ficticios, y mujeres que nunca tuvieron hijos. El gobierno promete reforzar la transparencia y combatir la corrupción implementando nuevos procedimientos de verificación. Este escándalo se suma a otros casos de fraude en asignaciones sociales divulgados por la administración de Milei, incluyendo el famoso caso de un hombre que presentó la radiografía de un perro para obtener una pensión por invalidez.
El gobierno argentino compartió pruebas de supuestas irregularidades en los pedidos de personas gestantes para acceder a un beneficio del Estado. Se suma a casos insólitos como la radiografía de un perro presentada para una pensión por invalidez.
Con certificados adulterados, la firma de médicos inexistentes y embarazos falsos, el gobierno de Javier Milei denunció ante la Justicia argentina unos 200 casos de fraude y estafas con el cobro de la Asignación Universal por Embarazo (AUE), seguro social que existe desde 2011 gracias a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otorgado cada mes a personas gestantes desocupadas o con ingresos informales inferiores al salario mínimo.
El Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, hizo esta semana la presentación formal ante la Justicia por “anomalías que exponen una práctica sistemática de presentación de documentación falsa y certificados médicos apócrifos en diversas oficinas de atención de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), con el fin de percibir fraudulentamente la asignación”.
La AUE es uno de los tantos programas sociales heredados de la era kirchnerista. Consiste en la entrega de una suma mensual a personas gestantes de 12 semanas o más, sean argentinas o extranjeras, con al menos tres años de residencia en el país vecino. El monto en octubre era de 87.790 pesos argentinos (73 dólares o 69.000 chilenos), al igual que el de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que se brinda a aquellas madres o padres por cada menor de 18 años a cargo.
De acuerdo con los funcionarios de Milei, se registraron al menos 203 casos formalizados de fraude con la Asignación Universal por Embarazo, que representaron una pérdida para el Estado por 165 millones de pesos argentinos (137.500 dólares o 130 millones de pesos chilenos).
El sistema para acceder es sencillo: se completa un formulario conocido como “PS 2.67” que está en la web de Anses, el organismo a cargo de las prestaciones sociales y jubilaciones, y se llena con la firma de un médico obstetra que fiscalice que la persona está embarazada. A los 30 días de presentar la documentación, el dinero ya aparece en la cuenta bancaria declarada y se cobra por nueve meses consecutivos.
Embarazos falsos y hasta radiografías de perros
La denuncia del Gobierno describe que “se han detectado defraudaciones en grado de tentativa en otros numerosos casos, como en la Oficina González Catán II -La Matanza, Buenos Aires-, en total 111 formularios apócrifos, mientras que en la Regional Bonaerense IV de Anses, se verificó 283 casos por sistemas, firmados presuntamente por la doctora XX (se reserva el nombre), y que de una auditoría por muestreo realizado conforme matrices de riesgo del organismo, se determinó que en la mayoría de los casos seleccionados, los supuestos beneficiarios solicitantes no viven en el domicilio consignado en el formulario citado o ‘no recuerdan’ conocer al médico tratante/certificante”.
Por lo tanto, la investigación judicial tiene en la mira a decenas de médicos con inconsistencias en los certificados de embarazo. Los casos relevados por el Gobierno son insólitos.
En diez de ellos, por ejemplo, se observaron dos sellos con la misma firma de una médica (E.V.L.) pero con diferente tipografía. Ninguna de las mujeres solicitantes del dinero del Estado dieron a luz o perdieron su embarazo.
Hay otros cinco formularios firmados por la presunta tocoginecóloga Patricia Ana Montoy, pero su nombre, apellido y documento de identidad no aparece en ningún registro oficial.
También figuran tres certificados con una supuesta médica que en realidad trabajaba como funcionaria del área de Cultura en el conurbano bonaerense.
De seguir, la lista de presuntas estafas se amplía con falsificaciones de firmas de obstetras (al ser contactados, los profesionales no reconocieron firma ni letra) y otras médicas que nunca trabajaron en los hospitales indicados.
“En respuesta a estas maniobras, la nueva gestión del Ministerio de Capital Humano y Anses reafirma su compromiso con la transparencia y la lucha contra la corrupción. Para evitar la repetición de estas prácticas fraudulentas, se están rediseñando los procedimientos internos, con un enfoque en la digitalización de los certificados médicos y la implementación de nuevas herramientas que optimicen la verificación de los trámites. Estas medidas asegurarán un control más eficiente y seguro de los recursos destinados a la seguridad social”, destacaron desde la administración libertaria.
El escándalo de fraude con las asignaciones por embarazo se suma a otros divulgados mediáticamente por el gobierno de Milei en los últimos meses.
El más famoso ocurrió en julio último, cuando el vocero presidencial Manuel Adorni mostró la radiografía de un perro como la justificación que dio un hombre para solicitar una pensión por invalidez. Según dijo entonces el portavoz, las irregularidades detectadas a gran escala generaron un perjuicio de 3.400 millones de dólares.
