Los sectores sociales afines al expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) instalaron este lunes tres puntos de bloqueo en carreteras del centro del país, en defensa del también líder del oficialismo ante la citación para que declare ante la Fiscalía por un caso de presunta trata de personas y estupro. Además, la Fiscalía pidió considerar activar alerta migratoria contra el otrora mandatario por otros casos de posible corrupción.
Las organizaciones oficialistas ‘evistas’ o leales a Morales bloquean en dos lugares de la vía que va desde la región central de Cochabamba hacia la oriental Santa Cruz e instalaron otro punto de bloqueo en la ruta antigua entre ambos departamentos, según el reporte de transitabilidad de la estatal Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).
Más temprano también intentaron bloquear en la carretera desde Cochabamba hacia el occidente del país, cerca de la localidad de Parotani, pero la Policía dispersó a los manifestantes y permanece en el lugar para impedir que se instale la medida de presión.
¿Cómo es la situación de Evo Morales ante la Justicia?
El Ministerio Público de Bolivia investiga a Morales por los posibles delitos de “trata de personas” y “estupro” con una menor de edad con la que supuestamente tuvo un hijo.
El exgobernante tenía que declarar el viernes ante la Fiscalía de la región sureña de Tarija, donde supuestamente ocurrieron los hechos, sin embargo no acudió y su defensa presentó una excusa legal.
La fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, anunció que se emitiría una orden de aprehensión contra Morales para obligarlo a declarar, aunque por ahora no fue ejecutada y se desconoce si el documento fue emitido.
Desde que el Ministerio Público le advirtió con la orden de captura, Morales no ha salido del centro del país y sus seguidores vigilan los ingresos a la zona del Trópico de Cochabamba, su bastión político y sindical, y también la sede de las seis federaciones de cocaleros, organización liderada por el exmandatario.
Evo Morales responsabiliza al Gobierno de Arce
En una publicación en la red social X, Morales, que preside el gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS), acusó al Gobierno de Luis Arce de haber construido “una ruta judicial y violenta para acabar con el proceso de cambio”, como llaman los oficialistas a los gobiernos de ese partido.
Según el exgobernante, los sectores ‘arcistas’ o afines a Arce, “a través de sentencias, buscan arrebatarle la sigla del MAS-IPSP a los movimientos sociales para proscribir el instrumento” y quieren inhabilitar su candidatura a las elecciones generales de 2025.
“No les tenemos miedo. El abuso y la violencia siempre encontraron en nosotros una respuesta democrática. Y nuestra candidatura representa la alternativa real que tiene el pueblo boliviano de salir de la crisis, como lo hicimos en 2005”, sostuvo.
En una aparente alusión al conflicto con Morales, el presidente Arce reiteró este lunes que “a las niñas y a los niños no se toca, son nuestro tesoro”, al iniciar el pago de un bono estatal que se entrega anualmente a los escolares.
Arce y Morales están distanciados desde finales de 2021 por diferencias en la administración del Estado que se profundizaron ante la necesidad de renovar la dirección nacional del MAS y elegir al candidato para las elecciones de 2025.
Fiscalía pide que considerar activar alerta migratoria contra Evo Morales
Por su parte, la Fiscalía General de Bolivia pidió al fiscal departamental de La Paz, William Alave, que revise y considere activar la alerta migratoria contra el expresidente Evo Morales (2006-2019) por seis casos de posible corrupción que supuestamente “quedaron impunes”.
El exdiputado opositor Amilcar Barral dijo a EFE que, junto a la también exparlamentaria Yesenia Yarhui, presentó ante el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, una solicitud para que se active la alerta migratoria y que se abra una investigación contra Morales en seis casos.
“Solicitamos de manera urgente la activación de alerta migratoria contra el ciudadano Evo Morales con el objetivo de evitar su posible fuga y asegurar su comparecencia ante las autoridades judiciales”, dice la nota enviada el 9 de octubre.
Además, agrega que “es fundamental que se lleve a cabo una investigación exhaustiva sobre varios casos que han quedado impunes”.
Barral comentó que Morales “ni siquiera llegó a declarar en esos casos”.
“No es un pedido de alerta migratoria. Se ha pedido que se revise la nota enviada por los dos ciudadanos y se actúe como corresponda”, aclaró en una rueda de prensa Lanchipa en esta jornada desde Sucre, capital constitucional de Bolivia y sede del Órgano Judicial.
En el documento enviado a Alave, la Fiscalía General le pide que actúe “en el marco de sus atribuciones establecidas en el artículo 34.3 de la Ley 260, procese conforme corresponda y que las y los fiscales de materia a cargo de los procesos (…) determinen lo que en derecho corresponda”.
Los exdiputados explican en su nota que los seis casos en los que piden que se procese al exmandatario son los contratos adjudicados de manera ilegal a la empresa china CAMC (2016), la presunta malversación de fondos destinados a proyectos indígenas (2015) y la “sobrevaloración” en la adquisición de barcazas chinas (2012).
A esos se suman las supuestas irregularidades en proyectos de infraestructura a través de una constructora del Ejército, la adjudicación posiblemente ilegal de contratos en la petrolera estatal YPFB (2009) y los contratos “irregulares” con pérdidas millonarias con una empresa de servicio de alimentos para la línea aérea estatal Boa.
Esta nueva denuncia surge en medio de un proceso de investigación que se abrió contra Morales por los delitos de “trata de personas” y “estupro” con una menor de edad con la que supuestamente tuvo un hijo.
El exmandatario tenía que declarar el viernes ante la Fiscalía de la región sureña de Tarija, donde supuestamente ocurrieron los hechos, sin embargo no acudió y su defensa presentó una excusa legal.
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