El gobierno libertario avanza con la reglamentación para cobrarles a los no residentes, en un marco de ajuste presupuestario a las 65 casas de estudio estatales y masivas marchas en contra. Unos 6.000 chilenos hoy estudian gratis en el vecino país.
En medio de las masivas marchas en las principales ciudades de Argentina, el gobierno de Javier Milei avanza en la reglamentación para habilitar el cobro de arancel a los extranjeros no residentes en las universidades públicas, justo tras conocerse su veto a la ampliación del presupuesto aprobada por el Congreso. En el país trasandino se estima que hay unos 6.000 chilenos, de un total de 122.769 foráneos, cursando alguna carrera del nivel superior.
Para esta medida, la administración libertaria reglamentará el capítulo que había quedado relegado en la Ley Bases, aprobada con cambios por el Congreso a fines de junio. Allí es donde, además de impulsar el cobro de la educación universitaria a los alumnos extranjeros, se fijaban los criterios para distribuir recursos a todas las universidades públicas del país, teniendo en cuenta la relación entre cantidad de alumnos y graduados.
En Argentina, uno de los pilares es la educación gratuita tanto en los niveles básicos (inicial, primario y secundario) como universitario, con 65 centros de gestión estatal. La Universidad de Buenos Aires (UBA), con 385.048 estudiantes en 2022 (último dato disponible), es la décima casa de estudios más prestigiosa de América Latina, según el ranking publicado el jueves pasado por Quacquarelli Symonds. El top 5 argentino lo completan la Universidad Nacional de La Plata, la de Córdoba, la de Rosario y la de Cuyo.
En busca de fondos, la normativa de Milei, que fue diseñada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quiere habilitar a las universidades nacionales a que les cobren a sus estudiantes extranjeros no residentes, algo prohibido históricamente en el país trasandino.
En primer lugar, el preámbulo de la Constitución Nacional consagra los derechos “para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”, mientras que el artículo 20 suma que “los extranjeros gozan en el territorio de la Nación de todos los derechos civiles del ciudadano; pueden ejercer su industria, comercio y profesión (…) No están obligados a admitir la ciudadanía, ni a pagar contribuciones forzosas extraordinarias”.
Lo que propone el gobierno de Milei es modificar el artículo 2 bis de la Ley 24.521 de Educación Superior, que justamente indica la prohibición de la mercantilización de la educación universitaria. Como una fuente alternativa de financiamiento, se daría libertad a cada universidad para plegarse a la medida y aplicar el arancel a los extranjeros no residentes si así lo consideran.
Desde el inicio, la administración libertaria expresó su deseo de cobrar servicios que son gratuitos en el país vecino, recordando que no existe reciprocidad cuando los argentinos viajan al extranjero y quieren hacer uso del sistema de salud o educación.
Como ya informó BioBioChile, provincias fronterizas como Mendoza, Santa Cruz, Jujuy y Salta ya empezaron a arancelar la atención médica con el fin de recuperar los gastos del Estado, pero no hubo avances a nivel nacional desde la Casa Rosada. Sí, ahora, el interés apunta a la educación en un contexto social de tenso debate por los fondos universitarios en una ley vetada esta semana por el Presidente.
Cuántos extranjeros estudian gratis en las universidades de Argentina
El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, dijo el mes pasado en declaraciones al canal Neura que “el extranjero que viene sólo a estudiar y a irse, me parece que debería cobrársele una cuota”. En cuanto a datos, el funcionario aseguró que en las carreras que se dictan en las universidades nacionales de Argentina hay un promedio de 8% de estudiantes extranjeros. En la carrera de Medicina de la UBA, los migrantes ocupan el 20% del cupo.
De guiarnos por la estadística oficial, el informe “Síntesis de Información Estadísticas Universitarias 2022-2023”, el último publicado por el Departamento de Información Universitaria de la Secretaría de Educación, 2.720.531 estudiantes realizaban en 2022 estudios de pregrado, grado o posgrado en las universidades nacionales, de los cuales 122.769 eran extranjeros. Representaban el 4,1% del cupo de pregrado y grado, y 9,9% del nivel de posgrado. Curiosamente, la participación foránea era mayor en las universidades privadas: 5,5% versus el 4,3% de la matrícula del sector estatal.
El 95,83% de los 122.769 estudiantes extranjeros provenían de países de América. En orden por cantidad: Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil y, recién en quinto lugar, Chile con unos 6.000. Para estudiar en Argentina, sólo necesitan una residencia temporal con la respectiva autorización, junto con los documentos de identidad y académicos solicitados por cada centro educativo.
La universidad estatal más cercana a los chilenos es la de Cuyo, ubicada en la Ciudad de Mendoza. En la Facultad de Ciencias Médicas, que posee un ingreso exigente dada la alta demanda por su nivel académico, existe una reglamentación que restringe la cantidad de ingresos a tres residentes de otros países por año. Nunca se tuvo que ampliar el cupo, según las autoridades.
A nivel general, la Universidad Nacional de Cuyo tiene más de 38.000 estudiantes en todas las carreras de sus 12 facultades. De ellos, solamente 301 registraron una residencia fuera de Argentina, es decir, menos de 1%, informó diario Los Andes. Entonces, un eventual arancel a extranjeros no residentes sería insignificante en la recaudación.
Universidades públicas en Argentina: entre recortes, veto y marchas masivas
El arancel para los extranjeros que persigue el gobierno de Milei se enmarca en el rechazo del sector estudiantil y docente a su veto a la Ley de Financiamiento Universitario, que buscaba actualizar las partidas del Presupuesto 2023 -prorrogado por Milei- en base a la inflación anual del 211,4% y luego aumentar de manera bimestral siguiendo la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). También señalaba nuevos criterios para la distribución del presupuesto entre las casas de estudio y una recomposición salarial de los trabajadores.
Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estimó que el costo de la ley era de 738.595 millones de pesos argentinos en lo que resta del 2024, equivalente a 0,14 puntos del Producto Bruto Interno (PBI). Otro dato para analizar es que, entre enero y agosto de 2024, los giros del Estado nacional a las universidades públicas cayeron un 33,5% respecto al mismo período del año anterior, según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).
Milei ya dijo una y otra vez que rechazará cualquier norma sancionada por el Congreso que “atente” contra el equilibrio fiscal, es decir, que no tenga un financiamiento detrás.
Como pasó el 23 de abril, el miércoles pasado se repitió la Marcha Universitaria Federal en las principales ciudades del país. En la Ciudad de Buenos Aires, la protesta reunió a más de 270.000 personas, mientras que en Córdoba convocó a otras 50.000 y en Mendoza, 35.000. La oposición pidió una sesión especial para el próximo miércoles en la Cámara de Diputados donde se revise el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario y así rechazarlo. Por su parte, el Poder Ejecutivo, obligado a negociar los votos para blindar su medida.
