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En México, una polémica reforma al Poder Judicial ha causado controversia al permitir elegir a jueces mediante el voto popular, en un hecho inédito a nivel mundial. Aprobada por 86 votos del partido de Gobierno, Morena, la medida implica la elección de unos 1.600 jueces y magistrados federales por la ciudadanía, reduciendo la Suprema Corte de 11 a 9 miembros y creando un Tribunal de Disciplina Judicial. Sin embargo, críticos temen la concentración de poder en el partido gobernante, la posible influencia de grupos de interés en campañas judiciales y la pérdida de independencia del Poder Judicial. Además, alertan sobre el impacto en la certidumbre jurídica y la inversión extranjera, mientras que la presidenta de la Suprema Corte advierte que elegir jueces por voto popular no resolverá los problemas de justicia y seguridad en el país. Se espera que la reforma sea oficializada este 15 de septiembre, entrando en vigor con la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, quien será la encargada de los primeros comicios judiciales desde 2025.
Polémica ha generado en México y sus socios estratégicos la reforma al Poder Judicial que se oficializará en ese país, lo que permitirá elegir a los jueces mediante el voto popular.
En medio de intensas jornadas de protestas, donde manifestantes invadieron la Sala del Senado, esta semana se aprobó la reforma judicial propuesta por el Gobierno del presidente saliente Andrés Manuel López Obrador, que implica ‘enmendar’ la Constitución de México.
La legislación vio luz verde con 86 votos a favor del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados, los Partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista (PVEM).
En tanto, hubo 41 votos en contra de los partidos de oposición Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC).
“Ustedes están siendo parte de uno de los mayores retrocesos en la historia de México”, gritó la senadora Verónica Rodríguez Hernández, del opositor PAN, al partido gobernante y sus aliados, a la vez que otros manifestantes -que se identificaron como trabajadores del Poder Judicial- trataron a los parlamentarios oficialistas de “¡Traidores!”.
La polémica reforma judicial de México y sus cuestionamientos
El sistema actual definía la elección de miembros de la Suprema Corte a partir de los magistrados propuestos por el presidente y respaldados por el Senado. El nombramiento de jueces estaba a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, a partir de exámenes y concursos de méritos.
Ahora, la designación de unos 1.600 jueces y magistrados federales, así como los integrantes del máximo tribunal de justicia mexicano, estará a cargo de la ciudadanía, lo que se trataría de un caso único en el mundo, según El Clarín.
La reforma judicial establece la elección de jueces mediante el voto popular y crea un órgano disciplinario para vigilar las sentencias que dicten.
Es decir, la decisión sería de los votantes, quienes tendrían que elegir de entre unos 7.000 jueces, que hay entre los niveles federal y local, incluyendo la Suprema Corte.
Los candidatos propuestos -de manera paritaria- por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, serían elegidos en comicios extraordinarios, entre 2025 y 2027.
Se reducirá de 11 a 9 el número de integrantes de la Suprema Corte y se creará un Tribunal de Disciplina Judicial, mientras que el tiempo en el cargo se reduce de 15 a 12 años, según EFE.
La medida además elimina la pensión vitalicia recibida por los ministros del máximo tribunal de justicia al culminar su período. Asimismo, prohíbe que los miembros reciban una remuneración mayor que la del presidente, medida que actualmente existe, pero no se obedece, de acuerdo con El Clarín.
Esto es visto por sus detractores como un intento de vulnerar la independencia judicial, la democracia mexicana y la división de poderes.
Las críticas no solo han provenido de la oposición mexicana, sino de organismos de la ONU, asociaciones como Human Rights Watch (HRW), organizaciones internacionales de abogados y los socios del tratado de Norteamérica, Estados Unidos y Canadá.
Entre estos, según recoge Washington Post, algunos socios económicos de México, expertos legales y diplomáticos, advierten que grupos de interés que pretenderían alcanzar eventualmente alguno de los puestos, incluyendo a narcotraficantes, podrían costear las campañas de los jueces.
Incluso, resaltan que algunos de los magistrados podrían determinar fallos a favor de lo que “sea popular”. Asimismo, el Poder Judicial podría quedar en manos del partido político de turno.
Fin a la división de poderes: reforma “antidemocrática”
Para la académica del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finis Terrae, Vanessa Cárdenas, con la nueva reforma judicial “el primer riesgo que se corre es la concentración de poder en el partido gobernante”, debido a que ya no habría una división de poderes que permite la “independencia” de cada uno.
El partido que esté en el gobierno de turno tendría una “mayoría calificada, lo cual les da la facultad de poder modificar la Constitución y tendrían también un Poder Judicial no independiente”, explicó a BioBioChile.
Un Poder Judicial que “ha sido el que ha hecho muchas veces el contrapeso a reformas poco democráticas, que han buscado menguar la autonomía de los organismos como el Instituto Nacional Electoral (INE)”. Sin embargo, “hoy ya no se tendría esa división de poderes o esa independencia de poderes”.
“Otra de las cosas (sobre las) que tendrían la facultad es la del TRIFE (Tribunal Federal Electoral), lo que también pondría en riesgo la transparencia o en duda de las elecciones. Es decir, estaremos ante una reforma netamente antidemocrática, antiequilibrio de poderes“, advierte Cárdenas.
“Un retroceso democrático”
La falta de un Poder Judicial independiente ha “prendido las alertas acerca de que esto lo único que haría es tener mucha incertidumbre de las inversiones en México“.
“Porque si bien, el Tratado de Libre Comercio con Norteamérica (el llamado T-MEC) no menciona en ninguna cláusula cómo debe funcionar el Poder Judicial en México, sí hay en varios apartados del Tratado donde se menciona la certidumbre jurídica, el respeto de las leyes, la transparencia y, si bien no es que fueran a terminar este tratado de manera inmediata, sí podría mandar a México a varios paneles y arbitraje de resolución de conflictos con nuestros países vecinos. Esto, dada la incertidumbre que le representaría a inversionistas de nuestros principales socios comerciales“, como lo es Estados Unidos, detalla la académica.
“Es decir, cuando estos jueces empiecen a tomar decisiones más políticas que objetivas basadas en la ley, desde luego que tendría un impacto, más allá de la imagen que también México hoy presenta al mundo en una implosión y en un retroceso democrático“, añade.
En ese sentido, Cárdenas recordó la “pausa diplomática” que existe por parte de México con Estados Unidos y Canadá, lo que el presidente López Obrador “ha definido como un espacio de reflexión acerca de la injerencia que están teniendo” en el país.
Sin embargo, la analista precisa que dichos socios de México sólo están “defendiendo sus inversiones e intereses”, “sin hablar propiamente de la soberanía, solamente alertando acerca de los principios democráticos y el Estado de derecho que deben regir en cualquier relación comercial y de sociedad”.
Así también da cuenta Global Companies in Mexico, donde alerta que la reforma pondría en riesgo la renovación del T-MEC para 2026 si no se resguardan los derechos de los inversores extranjeros, según The Wall Street Journal.
En tanto, representantes y asesores de las empresas estiman que se están retrasando inversiones por unos 35.000 millones de dólares que firmas extranjeras están reteniendo. Se trata de proyectos de inversión en sectores como la tecnología de la información, fabricación de automóviles, gasoductos y la infraestructura industrial, de acuerdo con el citado medio.
Cárdenas comparó la modificación a la legislación judicial mexicana con reformas hechas por “países poco democráticos o con líderes autoritarios que buscan la concentración de poder”.
“De alguna manera es la línea que ha seguido Venezuela”, así como “Bukele (en El Salvador) que también ha usado la concentración de poder”, además de “Nicaragua y Cuba. Pero los gobiernos democráticos de ninguna manera harían una reforma que ponga en riesgo el Estado de derecho y la independencia de poderes de sus países“, sostiene.
“La reforma a la Justicia es más política que técnica”
Para la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de México, Norma Piña, la reforma judicial “es más una cuestión política que técnica”.
En entrevista con la BBC, Piña advierte que cualquier abogado podría ser electo mediante este sistema, y en un país donde estadísticamente hay 90% de impunidad, además de polémicas por corrupción, “elegir a los jueces por voto popular no va a resolver los problemas de seguridad y de procuración de justicia”.
“La reforma debe ser desde abajo; no es el juez el problema”, subrayó, además de cuestionar previamente: “A nivel federal tenemos 1.650 jueces. ¿Crees que el ciudadano va a conocer a todas las personas que integran esa planilla y va a saber si es esta persona es capaz de resolver conflictos, si tiene oficio, si es experto, si hace las cosas como deben ser?”.
Ejemplos de países con elección de jueces mediante voto popular
Además, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de México se refirió la experiencia de algunos países donde, de manera similar, se eligen a jueces con voto popular.
“En Estados Unidos, primero, se da solo a nivel local”, es decir, según el Estado, explica Piña al citado medio. “Pero, además, lo esencial es qué tipo de personas pueden ser electas como jueces: allá son abogados con cierta preparación, con colegiación, deben pasar exámenes de las barras, son personas experimentadas”, agrega.
“Acá no: acá salir de la escuela, tener cinco cartas de los vecinos y tener un promedio ya te va permitir ser juez“, alerta la magistrada.
“Y lo más parecido, aunque no es igual por la dimensión del país, es Bolivia. Y estadísticamente ni siquiera han podido elegir a los jueces, porque la gente no sale a votar porque no conoce a los candidatos“, sostiene Piña.
Por otra parte, la reforma judicial mexicana también considera que los rostros de los jueces no sean mostrados, o anónimos, para resguardar su seguridad e identidad en casos relacionados con el crimen organizado, según El Clarín.
Sin embargo, ha sido blanco de críticas por la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, ya que impediría conocer la idoneidad y competencia de los magistrados.
Esta medida se ha aplicado en El Salvador, donde forma parte de las acciones adoptadas por Nayib Bukele en la guerra contra las pandillas. Los detenidos son juzgados por jueces sin rostro, que pueden ampliar su arresto provisional, aún cuando hayan sido aprehendidos sin orden judicial (que está permitido).
Los pasos que le quedan a la reforma judicial de México
El Congreso de México ya declaró constitucional la reforma al Poder Judicial propuesta por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Solo resta su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para su entrada en vigor.
El viernes, un juez mexicano del estado de Colima ordenó una suspensión para frenar la promulgación de la citada reforma en el DOF, según EFE. Sin embargo, la senadora Ernestina Godoy, futura consejera jurídica en el Gobierno de Claudia Sheinbaum, señaló que dicho amparo es improcedente para impedir que la reforma publique en el DOF.
La reforma judicial cuenta con el respaldo de 23 de las 32 legislaturas locales de 32 estados. Es decir, supera los 17 votos que exige la Constitución mexicana para declararse constitucional.
Ahora sólo resta que sea remitida al presidente López Obrador para su oficialización y entrada en vigor, lo que se espera sea concretado este domingo 15 de septiembre.
Una vez oficializada la reforma, la presidenta electa Claudia Sheinbaum, quien asume el 1 de octubre, será la encargada de garantizar los primeros comicios judiciales que se desarrollarán desde 2025.
