La Organización de los Estados Americanos (OEA) condenó la orden de captura solicitada por la Fiscalía de Venezuela en contra de Edmundo González Urrutia.
A través de un comunicado, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, calificó como “persecución política” el pedido realizado por el régimen de Nicolás Maduro.
“La orden de aprehensión del candidato opositor que aparece como ganador en las pasadas elecciones conforme a la única información documental disponible a más de un mes de realizadas las elecciones, constituye un crimen más en la permanente y continua lógica jurídica de violación sistemática de los derechos humanos en el país”, indicó Almagro.
“Una vez más el poder judicial en Venezuela perpetra actos que lo señalan como instrumento fundamental en la ejecución de crímenes de lesa humanidad en el país”, agregó.
El Secretario General de la OEA manifestó que el poder judicial venezolano “no es un poder que administra justicia, sino represión y conculcación de libertades fundamentales, y que se erige en agente principal de la impunidad para las violaciones de derechos humanos”.
“Esperar de fiscales, magistrados y jueces venezolanos que eventualmente hagan justicia es un despropósito jurídico”, sostuvo el abogado y diplomático uruguayo.
“Además eso conlleva un despropósito aún mayor ético y moral, al continuar exponiendo al pueblo venezolano a las políticas sistemáticas de crímenes de lesa humanidad del régimen venezolano sin accionar los instrumentos de imputación de cargos y detención de responsables por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional”, remarcó.
“El respeto de garantías y condiciones de Estado de Derecho requiere acción y no inacción internacional”, concluyó.
Tal como detalla Agencia EFE, la Fiscalía venezolana solicitó el lunes a un juzgado especializado en delitos de “terrorismo” que emita una “orden de aprensión” en contra de González Urrutia, por su “presunta comisión de delitos de usurpación de funciones” y “forjamiento de documento público” con relación a las actas electorales de las votaciones del pasado 28 de julio.
Lo anterior, luego que el exembajador venezolano rechazara presentarse ante la Fiscalía -tras ser citado en tres oportunidades- al desconocer en calidad de qué debía comparecer y al no reconocer los delitos que el Ministerio Público le atribuye.
Según un oficio del ente fiscal, al antichavista se le acusa también de “instigación a la desobediencia de leyes”, “conspiración”, “sabotaje a daños de sistemas y asociación (para delinquir)”.
