Para el próximo domingo 28 de julio están pactadas las elecciones presidenciales de Venezuela, jornada en la que Nicolás Maduro buscará una nueva y polémica reelección en medio de graves acusaciones por la detención de militantes opositores.
“Vengo de los barrios y soy el Presidente del Pueblo. Vamos hacia una gran victoria el 28 de julio. Ganaremos por paliza en los barrios de Caracas”.
Con esa frase el gobernante venezolano ya palpita lo que será la crucial jornada en la que millones de sufragantes están llamados a elegir a su nuevo presidente. Maduro, quien ya lleva 11 años en el poder, enfrentará a una oposición cuya cara más visible no estará precisamente en la papeleta.
Se trata de María Corina Machado, quien fue inhabilitada por haber “sido participe de la trama de corrupción orquestada” por el exjefe del Parlamento Juán Guaidó, así como por incumplir normas venezolanas, al aceptar “la acreditación como representante alterna” de Panamá ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), en un debate celebrado en 2014.
Maduro será desafiado por Edmundo González Urrutia, quien pasó a liderar la principal coalición opositora, Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la cual debió reformularse para los comicios, así como por otros ocho candidatos. El actual gobernante ha sido apuntado por la grave crisis económica que enfrenta el país acentuada por la caída del precio del petróleo, la mala gestión y la corrupción.
En marzo pasado el Consejo Electoral de Venezuela CNE confirmó que Machado tenía “prohibición para ejercer cargos públicos”, lo que le impidió participar en las presidenciales del 28 de julio así como en otras elecciones hasta 2036, a menos que sea levantada la inhabilitación.
Pese a que intentó por todos los medios aparecer en la papeleta, la medida -ratificada en enero por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)- le impidió a la principal cara del antichavismo ser parte del proceso.
Y aunque la exdiputada liberal, elegida candidata presidencial de la principal coalición opositora en las primarias de octubre pasado en las que arrasó con el 92,35% de los votos, descartó la posibilidad de que alguien la reemplazara -por considerar su inhabilitación como inconstitucional-, posteriormente Corina Yoris fue elegida como aspirante presencial de la PUD.
Sin embargo, la candidatura de la académica y filósofa tampoco estuvo exenta de inconvenientes ya que desde su comando denunciaron problemas para inscribir su postulación ante el CNE. Específicamente, aseguraron tener impedimentos para acceder al sistema electoral automatizado.
“Hemos agotado todos los medios a nuestro alcance para que esto se pueda resolver”, dijo Yoris en marzo pasado, poco antes que concluyera el plazo para las inscripciones, lo que llevó a Manuel Rosales, gobernador del estado de Zulia, a presentar su candidatura para los comicios venezolanos a última hora.
El gobernador opositor remarcó que su objetivo no era reemplazar a nadie ni tampoco quitar el liderazgo a otras figuras políticas, dedicando palabras de reconocimiento a Machado y a Yoris.
No obstante, un mes después Rosales anunció que abandonaba su candidatura para apoyar a Edmundo González Urrutia, diplomático de 74 años que el 19 de abril fue ratificado por la PUD como su candidato para derrotar a Maduro en los comicios.
González Urrutia había sido inscrito inicialmente de manera provisional ante el impedimento del CNE de postular a Corina Yoris, avalada por la alianza al no poder inscribirse Machado.
Tal como detalla France 24, el pasado 20 de junio ocho de los diez candidatos presidenciales firmaron ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) un acuerdo en el que se comprometían a reconocer los resultados que el organismo anuncie luego del recuento de los votos, sin dejar margen a posibles reclamos. Entre los firmantes estaba Maduro.
Uno de los candidatos que no estampó su rúbrica en el documento fue González Urrutia, quien aseveró que no había sido invitado a la firma del acuerdo, que ya había rechazado anteriormente. Según indicó, el reconocimiento de los resultados ya está establecido en el Acuerdo de Barbados.
En un comunicado compartido en su cuenta de X, criticó al régimen de Maduro por revocar la invitación a observadores de la Unión Europea (UE) para las votaciones.
“Este acuerdo ha sido violado por una de las partes firmantes al revocar la invitación de observación internacional de la Unión Europea y aumentar la persecución contra dirigentes y simpatizantes de nuestra campaña”, sostuvo.
“Es un indicio del sesgo que caracteriza esta campaña desigual, donde el CNE debería actuar con la imparcialidad exigida por la Constitución y la Ley. Un acuerdo nunca puede ser impuesto unilateralmente, sino que debe surgir de un diálogo respetuoso entre todas las partes. El diálogo entre las partes será nuestra guía, nunca la imposición”, añadió.
“Como demócrata, me someteré a la voluntad del pueblo soberano. No hay motivo alguno para dudar de ello. Para la expresión de la voluntad del pueblo, exijo garantías y respeto”, puntualizó.
Maduro retomó el diálogo con Estados Unidos a sólo semanas de la jornada electoral. Según indicó a inicios de mes el encargado de las conversaciones con Washington por parte del Ejecutivo venezolano, Jorge Rodríguez, en este primer encuentro las partes mostraron su voluntad de hacer un trabajo conjunto para “mejorar las relaciones” bilaterales.
La delegación venezolana remarcó que el diálogo “debe limitarse a lo acordado en Qatar”, en alusión a los pactos que ambos países firmaron en paralelo a las negociaciones en Barbados entre el Ejecutivo y la PUD.
Cabe señalar que EE.UU volvió a imponer sanciones petroleras a Venezuela en abril pasado, acusando al líder del régimen chavista de incumplir con las garantías electorales que hizo en los acuerdos con la oposición venezolana.
Y es que la campaña se ha visto marcada por denuncias de acciones contra la oposición. De hecho, en junio la PUD acusó que el alcalde antichavista Yonnhy Liscano, en el estado Táchira había sido detenido, señalando además que existía una orden de captura contra el burgomaestre Rigoberto Ovallos, de la misma región.
“Esto en nada afecta el compromiso de cambio, sino por el contrario, lo consolidan”, señaló la coalición en un comunicado publicado en X. La PUD exigió que se respete el Acuerdo de Barbados y que se otorgue libertad plena a “todos los presos políticos, porque hacer política e informar no es delito”.
