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La Fiscalía de Perú solicitó una pena de 30 años y 10 meses de prisión para Keiko Fujimori, ex candidata presidencial de Fuerza Popular, por lavado de activos relacionado con el escándalo de corrupción de Odebrecht. Además, se pide su inhabilitación para ejercer cargos públicos por 15 años, lo que la excluiría de las elecciones presidenciales de 2026. La acusación incluye delitos como lavado de activos, crimen organizado, obstrucción a la justicia y declaración falsa en un procedimiento administrativo. Fujimori ha negado los cargos y el juicio, que involucra a más de 40 acusados y 1.500 testigos, podría extenderse por más de un año.

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La Fiscalía de Perú pidió este martes 30 años y 10 meses de prisión para la excandidata presidencial del partido de derecha Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en el juicio que enfrenta por lavado de activos en el marco del escándalo de corrupción protagonizado por la constructora brasileña Odebrecht.

“En total la pena concreta para la acusada Keiko Sofía Fujimori Higuchi solicitada por el Ministerio Público es de 30 años y 10 meses de pena privativa de libertad”, expresó el fiscal José Domingo Pérez al presentar el escrito acusatorio durante la audiencia del sonado caso.

En el texto, se detalla que Keiko Fujimori es acusada de recibir dinero ilegal para financiar sus campañas electorales de 2011 y 2016.

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El magistrado también pidió al tribunal que la acusada sea inhabilitada de ejercer cargos públicos por 15 años, lo que la dejaría fuera de carrera para las elecciones presidenciales de 2026.

La Fiscalía le imputa a la hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) los delitos de lavado de activos y crimen organizado, obstrucción a la justicia, así como declaración falsa en un procedimiento administrativo.

La procesada estuvo dos veces en prisión preventiva, 16 meses en total, imputada de recibir presuntos aportes ilegales del gigante brasileño de la construcción Odebrecht por un monto de 1,2 millones para las campañas de 2011 y 2016. Fujimori siempre proclamó su inocencia.

Aunque para la época estaban permitidos los aportes a las campañas de empresas extranjeras, el Ministerio Público la procesó por no haber declarado el ingreso de dinero aportado por Odebrecht. El juicio contra la dirigente y más de 40 coacusados – en el que están citados unos 1.500 testigos- podría tardar más de un año.