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La Comisión Permanente del Congreso de Perú aprobó en segunda votación un proyecto de ley para prescribir crímenes de lesa humanidad anteriores a 2002, beneficiando a Alberto Fujimori y 600 militares procesados, a pesar del rechazo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La normativa, respaldada por 15 votos a favor y 12 en contra, busca anular procesos por crímenes de guerra durante el conflicto interno o "guerra contra el terrorismo", con la mayoría derechista impulsando la prescripción de 600 casos investigados por décadas. La ley pasará a sanción presidencial, y la presidenta Dina Boluarte tiene hasta 10 días para promulgarla. El proyecto, liderado por el partido fujimorista y Renovación Popular, generó críticas y descontento internacional, con la Sociedad Peruana de Derecho Internacional recordando que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles según acuerdos internacionales.

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La Comisión Permanente del Congreso de Perú aprobó, en segunda votación, un proyecto de ley para prescribir los crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2002.

En concreto, la iniciativa votada durante el jueves podría beneficiar al expresidente Alberto Fujimori y a 600 militares procesados, pese al rechazo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (DD.HH).

El proyecto de ley fue aprobado con 15 votos a favor, 12 en contra y ninguna abstención en una sesión de la Comisión Permanente, que reemplaza al pleno cuando hay receso parlamentario y que la puso como uno de los primeros temas de debate.

La ley busca anular los procesos por presuntos crímenes de guerra cometidos durante el conflicto interno o “guerra contra el terrorismo”, y ahora pasará a sanción presidencial.

Impulsada por la mayoría derechista que controla el parlamento unicameral, la norma permitirá la prescripción automática de unos 600 casos de presuntos crímenes de guerra investigados desde hace más de tres décadas, anunció la Fiscalía.

La presidenta de Perú, la conservadora Dina Boluarte, tiene un plazo de hasta 10 días para promulgar la ley o devolverla al Congreso.

Perú: proyecto de ley fue impulsado por partido fujimorista

La Corte Interamericana de Derechos Humanos había requerido el martes “al Estado del Perú que a través de sus tres Poderes tome las acciones necesarias para que no se adopten, se dejen sin efecto o no se otorgue vigencia al proyecto de ley No. 6951/2023-CR que dispone la prescripción de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el Perú”.

También ordenó, apelando a su jurisdicción sobre el país sudamericano, a que a más tardar el 9 de agosto presente un informe completo y detallado sobre el cumplimiento de su mandato.

El proyecto fue propuesto por el partido fujimorista Fuerza Popular y por el ultraconservador Renovación Popular, bancada conformada en parte por exjefes de las Fuerzas Armadas.

“El objetivo de la ley es cortar los juicios y liberar a quienes han sido sentenciados”, afirmó a la agencia AFP el congresista de Fuerza Popular Fernando Rospigliosi, uno de los promotores de la iniciativa.

Incluso, criticó que “hay casos en que (la justicia) aplicó ‘ilegalmente’ el delito de lesa humanidad para justificar la sentencia en base a delitos prescritos, como desapariciones”.

El presidente del Consejo de Ministros de Perú, Gustavo Adrianzén, en tanto, había expresado su indignación por la orden de la Corte IDH.

“Indignado, absolutamente indignado, por lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que decide de la manera más insólita”, declaró Adrianzén al ser consultado sobre el tema.

El ministro añadió que “resulta intolerable” que la corte supranacional llame a los tres poderes “de un estado miembro soberano”, como Perú, a no aprobar o aplicar una ley.

Sociedad Peruana de Derecho Internacional recalca que crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles

Antes de la aprobación en segunda votación parlamentaria, la Sociedad Peruana de Derecho Internacional (SPDI) recordó que los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra son imprescriptibles, de acuerdo con los tratados y obligaciones internacionales a las que Perú se ha adscrito.

“Toda disposición que a nivel interno se debata, debe partir por armonizar dichas iniciativas con los compromisos internacionales adquiridos, evitando generar alteraciones en el ordenamiento jurídico nacional y siempre teniendo como prioridad la promoción y protección de toda garantía establecida en favor de sus ciudadanos”, remarcó la sociedad.