En la Unión Europea comenzaron los preparativos para enviar una misión de 100 observadores a las elecciones presidenciales de Venezuela, que se desarrollarán el 28 de julio.
La información fue confirmada por una fuente del medio Infobae, pero se aclara que la participación final de la misión de la UE dependerá de que el gobierno de Nicolás Maduro acepte sus condiciones, esto luego de que en principio fue el Gobierno de Venezuela que ya había extendido una invitación formal a la UE a participar como observadores.
Sin embargo, el alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y de Seguridad, Josep Borrell, afirmó este lunes que dará a conocer la decisión sobre el posible envío de una misión de observación comunitaria de las elecciones presidenciales venezolanas “a su debido tiempo”, reseñó la agencia EFE.
Borrell informó a los ministros de Exteriores de los Veintisiete, reunidos en un Consejo en Bruselas, sobre los últimos intercambios con las autoridades venezolanas para el potencial despliegue de una misión de observación electoral en los comicios del próximo 28 de julio.
La UE envió en abril una “pequeña misión exploratoria” a Venezuela para tantear el despliegue de una misión completa a las elecciones de julio. Ese grupo exploratorio se reunió entonces con la directiva del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, así como con miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE), para conocer las condiciones de las presidenciales y valorar el envío de una misión completa, sobre la base de la invitación de las autoridades venezolanas.
Sobre la base del informe que elaboró el grupo, Borrell, en consulta con los Estados miembros y el Parlamento Europeo, deberá tomar la decisión sobre el envío de una misión de observación. Apoyan esa medida países como Alemania o España, que considera que hay candidato de la oposición que garantiza que estos comicios serán competitivos.
La observación internacional de misiones técnicas de la UE y la ONU, entre otros organismos internacionales, forma parte de los puntos del Acuerdo de Barbados, firmado entre el Gobierno de Venezuela y la opositora Plataforma Unitaria Democrática en octubre de 2023, en el que se establecieron “garantías electorales” para las presidenciales.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela informó en el pasado mes de marzo que envió invitaciones para diferentes misiones de observación electoral para las presidenciales, entre ellas a la Unión Europea (UE), “siempre que cumplan con los requisitos” y la “normativa constitucional y legal” del país.
El presidente del CNE, Elvis Amoroso, dijo que, con estas invitaciones, fueron enviadas también a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), a la Unión Interamericana de Organismos Electorales, al panel de expertos de la ONU, a la Unión Africana, al Centro Cartes y a la Comunidad del Caribe (Caricom), entre otros.
Oficialismo tilda a la UE de mafia
En todo caso, el pasado 20 de mayo y después de que la UE decidiera levantar únicamente medidas restrictivas al presidente del CNE, Elvis Amoroso, y otras tres personas, el diputado y “número dos” del chavismo, Diosdado Cabello, tildó al bloque comunitario de “mafia” sin moral para imponer sanciones.
Recordó que el CNE invitó a la UE a observar las elecciones presidenciales y que la Asamblea Nacional (Parlamento), controlada por el chavismo, solicitó retirar esta invitación debido al mantenimiento de sanciones del bloque comunitario a funcionarios venezolanos.
“Yo no sé qué irá a hacer el CNE. Están invitados, pero son muy torpes (…). No tienen moral para sancionar a ningún venezolano, no tienen moral los esclavistas del mundo, los filibusteros del mundo están en la UE, se han robado las riquezas”, prosiguió Cabello.
A su juicio, los Veintisiete pretenden “tutelar” al Estado venezolano con su política de sanciones, si bien las medidas -aclara la UE- se dirigen exclusivamente a una lista limitada de personas del ámbito político, bloqueadas para viajar a territorio del bloque comunitario, pero sin efecto alguno sobre la economía de empresas estatales o bienes que incidan en la ciudadanía.
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