Enviando corrección, espere un momento...
El régimen de excepción, que suspende varias garantías constitucionales y cuya vigencia el Congreso ha extendido en siete ocasiones, ha dejado a más de 55.000 detenidos y más de 7.400 denuncias de atropellos a derechos humanos.
El Estado de El Salvador se negó a rendir cuentas este martes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las acusaciones de detenciones arbitrarias, muertes en custodia estatal y tortura bajo un régimen de excepción vigente desde marzo tras una alza de asesinatos atribuida a las pandillas.
La CIDH, a petición de varias organizaciones humanitarias, realizó una audiencia pública para conocer la situación en El Salvador y esta es la segunda vez en los últimos meses que el Estado salvadoreño no participa.
“La CIDH lamenta profundamente la ausencia del Estado de El Salvador pese a que fue oportunamente notificado. Sin embargo, el Estado ha declinado su participación”, dijo al inicio de la audiencia Julissa Mantilla, presidenta de la CIDH y relatora de país para El Salvador.
En junio pasado, el organismo regional realizó una audiencia sobre el régimen de excepción en El Salvador en el marco del 184 Período de Sesiones de la CIDH y que se vio marcada por la ausencia de la representación del Estado salvadoreño.
“Someterse al escrutinio internacional es simplemente poder garantizar los derechos humanos de las personas y sobre todo parar tanto dolor, tanta injusticia que sea está dando”, agregó Mantilla.
La comisionada de la CIDH recalcó el llamado realizado en anteriores ocasiones al Estado salvadoreño de permitir una visita de la Comisión en su territorio.
“La Comisión está preparada para poder visitar El Salvador en el momento en el que el Estado nos lo autorice”, acotó.
El comisionado y relator de Personas Privadas de Libertad y Combate a la Tortura, Stuardo Ralón, también lamentó la ausencia estatal.
Las vulneraciones más preocupantes en El Salvador
Las organizaciones humanitarias que solicitaron la audiencia expusieron a la CIDH que El Salvador se ha convertido en el país con la tasa más alta de personas detenidas en el mundo.
Zaira Navas, de Cristosal, indicó que la cifra, según sus cálculos, es de 2.144 presos por cada 100.000 habitantes y que el total de detenidos supera los 94.500.
Subrayó que la capacidad de las prisiones, al menos hasta febrero pasado, era de más de 30.800 plazas.
También señaló que existe una falta de atención médica de los detenidos, especialmente de las personas con VIH, enfermedades crónicas y padecimientos psiquiátricos.
Sonia Rubio, de la Fundación para el Debido Proceso, indicó que las violaciones a derechos humanos que “más preocupan” son “las detenciones arbitrarias, los hechos constitutivos de tortura y malos tratos, y la muerte de personas detenidas”.
Dijo a la CIDH que las detenciones sobre las que han recibido denuncias “no cumplen con los requisitos mínimos”. Esto, como contar con una orden y “se realizan sin evidencia de la comisión de un delito e irrespetando el debido proceso”.
Agregó: “Hemos documentado casos que permiten concluir que, muy probablemente, el Estado salvadoreño está incumpliendo su obligación de cumplir y (no) tolerar la tortura” a manos de custodios, pandilleros o reclusos.
También señaló que han registrado casos de personas que han sido golpeadas por policías y soldados después de ser detenidas.
Belissa Guerrero, de Amnistía Internacional, dijo que desde su organización “no conocemos una situación igual a la que está aconteciendo en El Salvador”.
Situación dramática y condenable
El comisionado Ralón afirmó que la situación expuesta por las organizaciones es “dramática, alarmante, condenable” y que las características de las capturas denunciadas denotan una situación que “pone en riesgo a que esas detenciones arbitrarias le puedan ocurrir a cualquier ciudadano”.
Agregó que las denuncias de tortura son “muy claras” y condenó los hechos, incluida la muerte de personas detenidas.
Por su parte, el comisionado Joel Hernández recalcó “la importancia de que exista una rendición de cuentas frente a organismos internacionales” y nacionales.
Lo anterior, para tener los “elementos de juicio para poder entender cuales son los efectos de estas medidas extraordinarias”.
