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La salida en curso de Nicaragua de la OEA es un intento del régimen de Ortega-Murillo de evadir su responsabilidad en violaciones a los derechos humanos., pero sus ciudadanos no quedarán desamparados del todo, dicen expertos.
El gobierno de Daniel Ortega clausuró este 24 de abril de 2022 la oficina de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Managua y adelantó la salida de los representantes de Nicaragua ante ese organismo.
El canciller de Nicaragua, Denis Moncada, anunció que su país dejaba inmediatamente de participar en la OEA y retiró las credenciales a sus representantes en Washington frente a “ese infame organismo”, según sus palabras.
“Choca, mas no sorprende lo abrupto de estas acciones del régimen de Managua. Sobre todo porque la renuncia de Nicaragua a la OEA ya había sido anunciada en 2021. Pero el Gobierno de Ortega va coleccionando expulsiones como táctica represiva contra cualquier entidad crítica o que lo incomoda. Así es como ha expulsado a organismos de la sociedad civil, a organizaciones internacionales, a defensores de derechos humanos, a periodistas”, dice a Deutsche Welle Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de la oenegé Washington Office on Latin America (WOLA).
La OEA es “garantía” del respeto a los DD. HH.
Con Nicaragua, Venezuela y Cuba serán tres los países que no pertenezcan a la OEA. “Los países que abandonan la OEA no solamente generan consecuencias políticas o multilaterales”, dice a DW el experto en Derecho Internacional Walter Arévalo, quien destaca que “no hay que perder de vista que la OEA es un tratado que tiene una gran dimensión en materia de derechos humanos”.
Explica también que “la participación de un Estado tanto en la Convención Americana de Derechos Humanos como en la OEA, es la que garantiza el funcionamiento de la jurisdicción frente a ese Estado de la Corte Interamericana y de la Comisión Interamericana, que es, en gran medida, el órgano encargado de la supervisión y la promoción de los derechos humanos”.
¿Buscan escapar los representantes del régimen nicaragüense a la responsabilidad de las violaciones contra los derechos humanos?
“Ortega, efectivamente, apuesta a su autoaislamiento como manera de protegerse de las denuncias, de la observación, del monitoreo que realiza la comunidad internacional sobre sus prácticas represivas y la violación de los derechos humanos”, considera Carol Jiménez, doctora en Estudios Internacionales, quien agrega que “la imposición del autoritarismo termina pasándole una alta factura a las y los nicaragüenses, porque se ven desprotegidos ante un régimen que tiene un control interno muy fuerte de todos los espacios cívicos y públicos, y a una comunidad internacional que se va quedando sin maneras de monitorear, sin interlocutor ante el poder del régimen de Ortega”.
La élite se protege, mientras expone más a su población
¿Qué hacer entonces con un Estado que abandona la OEA? Cabe la pregunta de si los ciudadanos nicaragüenses pierden o no la protección de los órganos de dicho organismo. Al respecto, el profesor Walter Arévalo, miembro de la Asociación Latinoamericana de Derecho Internacional, explica a DW que “en el caso de los Estados que buscan con su salida evadir sus obligaciones en materia de derechos humanos, la Corte Interamericana estableció, en la Opinión Consultiva 26, que la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pueden conservar jurisdicción por hechos que se hayan cometido antes de la salida de la Convención Americana y de la Carta de la OEA, así como por la supervisión de sentencias existentes en el momento anterior a la denuncia”.
De ese modo, Nicaragua, a pesar de haber expulsado a sus funcionarios, aún está dentro de la OEA, y lo estará, si no cambia el statu quo político, hasta el 19 de noviembre de 2023, cuando se cumpla el plazo reglamentario de dos años después de su solicitud de salida.
En todo caso, y en vista de los numerosas crisis actuales a nivel global, la directora de WOLA dice que hay que asegurarse de que Nicaragua no se quede afuera de la agenda de la comunidad internacional, e insta a “seguir ejerciendo presión sobre sobre Daniel Ortega y su gobierno”.
Por lo cual propone la creación de un mecanismo de documentación y seguimiento de derechos humanos, como el aprobado para Venezuela, con un mandato al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, “el principal órgano en materia de derechos humanos de Naciones Unidas y la OEA”. Una iniciativa importante, dado que Nicaragua “se está retirando de la OEA, más no de Naciones Unidas, por lo que tiene que rendir cuentas frente al Consejo de Derechos Humanos de la ONU”, apunta la jurista venezolano-mexicana desde Washington.
La OEA es un foro para debatir sobre democracia
Ambos internacionalistas, Carol Jiménez y Walter Arévalo, concuerdan además, en que también existen las vías bilaterales y multilaterales con las que cuentan los gobiernos de las Américas para exigir el respeto de los derechos humanos, en Nicaragua o en otro país.
La OEA es un órgano político-jurídico. Aún así, se la acusa de “politización”. ¿Se olvida que la OEA es justamente el foro creado para el debate político entre las Américas? ¿Qué hizo mal la OEA que no logró evitar la salida de Nicaragua?
“La OEA es, en definitiva, un organismo intergubernamental. Es decir, quienes allí se sientan a tomar decisiones son los gobiernos, y algunos de los gobiernos que están allí sentados tomando decisiones y promoviendo acuerdos, desde hace mucho tiempo dejaron de ser representativos de sus sociedades”, precisa Carol Jiménez.
Para el profesor de Derecho Internacional Walter Arévalo, “La OEA es justamente un foro político de los Estados”, reitera. Y recalca que está claro que en ese foro puede haber posturas que no son del gusto de los Gobiernos: “La OEA no es aséptica, admite debates políticos. Desde su fundación tiene un norte, que es la cláusula democrática; por lo que algún día, en algún momento, habrá un secretario general de izquierda y otro de derecha”, destaca.
La presidenta del WOLA sostiene que, en cualquier caso, “la OEA se deslegitima cuando promueve sanciones frente a un régimen violador de derechos humanos y no lo hace frente a otros”, por lo que “la imparcialidad” sigue siendo una tarea pendiente.
Por último, el jurista Walter Arévalo registra una tendencia de ciertos Estados o gobiernos frente a las obligaciones en materia de democracia: “Hay una creciente resistencia a los órganos del sistema internacional que, cuando a los Estados les convienen, los aceptan, y cuando ven que no les convienen, en vez de aceptar el compromiso y las reglas, prefieren salirse o sabotear a uno de esos órgano”.
