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Las constantes críticas del presidente electo en Chile, Gabriel Boric, hacia el sistema de pensiones actual y su propuesta de reformar este modelo, llamó la atención de varios países en la región latinoamericana. Perú, Colombia y México son algunas de las naciones que estarán atentas a los futuros posibles cambios en nuestro país, respecto a las AFP.
El modelo privado de pensiones de Chile, que recientemente cumplió 41 años, está siendo fuertemente cuestionado, hasta el punto de que el presidente electo, Gabriel Boric, se comprometió a reemplazarlo por uno público.
Se trata de una decisión que podría generar un “efecto dominó” en algunos países de la región con sistemas similares.
Implantado por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) e ideado por uno de los hermanos del mandatario saliente, Sebastián Piñera. El sistema fue pionero en la región en establecer la capitalización individual.
Boric, quien se impuso con una amplia victoria, prometió “pensiones dignas” durante su campaña, algo que pretende conseguir acabando con las polémicas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y transitando hacia un sistema público.
El exlíder estudiantil, sin embargo, explicó que no se “interferirá” en la propiedad de los fondos ahorrados hasta la fecha. Además, indicó que su propuesta “debe estar abierta a modificaciones”.
Para Francisco Castañeda, de la Universidad Mayor, el objetivo de Boric se antoja “complejo” por la composición del futuro Parlamento y que su reforma podría terminar no siendo tan ambiciosa.
¿En qué consiste el modelo chileno?
Las pensiones llevan años en el ranking de las principales preocupaciones de los chilenos. La refundación total del sistema fue una de las principales demandas de las protestas de 2019.
“Las AFP nunca han entregado pensiones dignas porque no fueron creadas para ello, sino para generar un mercado de capitales en torno a las élites”.
Así lo denunció Mario Villanueva, uno de los fundadores del movimiento No+AFP, que lleva años movilizando a miles de personas.
En Chile, cada trabajador formal está obligado a aportar el 10% de su sueldo mensual a una cuenta personal que es tutelada por las AFP y de la que puede disponer cuando se jubile.
Actualmente existen 7 AFP, que obtienen beneficios millonarios tras invertir en los mercados los ahorros de los trabajadores. Estos suman más de 200.000 millones de dólares, cerca del 8% del PIB chileno.
La rentabilidad media que las AFP han proporcionado en estas cuatro décadas, señaló Villanueva, “no llega al 5%”, frente a las utilidades promedio del 25% que han obtenido. “Es un sistema fracasado”, agregó.
Según la Superintendencia de Pensiones, las más de 8.000 personas que se jubilaron en noviembre recibieron de media una pensión mensual de 260 dólares, un poco menos de la mitad del salario mínimo.
Germán Vera, de la Universidad de Los Andes, habló de la responsabilidad de que las AFP sean tan impopulares.
“Recae en los mismos arquitectos del sistema, que para lograr su adopción prometieron tasas de reemplazo del 100 %”, indicó. Cuando, en la actualidad rondan el 30%.
En un hecho histórico, el Parlamento chileno aprobó en julio de 2020 el primer retiro anticipado del 10% de los fondos de pensiones para que la castigada clase media pudiese hacer frente a la crisis provocada por la pandemia ante las “insuficientes” ayudas gubernamentales.
¿”Efecto dominó” en la región?
El modelo chileno se expandió a otros países de la región, como Perú, México o Colombia, pero se combinó con sistemas públicos.
Un informe de la OIT señaló en 2018 que el 60% de los países que privatizaron sus pensiones revertieron las medidas. Sobre todo después de la Gran Recesión, porque la privatización “no dio los resultados esperados”.
En Perú, pionero en aprobar los retiros anticipados de las pensiones, la crítica hacia la capitalización individual está muy extendida.
La pandemia generó además más presión sobre las AFP, que desembolsaron 16.480 millones de dólares entre 2020 y 2021 en cinco adelantos extraordinarios. Además, los ataques del presidente, el izquierdista Pedro Castillo, son constantes.
El debate en Colombia también está sobre la mesa y un posible contagio de lo que pasa en Chile dependerá mucho del resultado de las elecciones. Todas las encuestas dan como favorito al izquierdista Gustavo Petro, quien ha hablado de reformar el actual sistema mixto.
Los planes de Boric sí pueden impactar de alguna manera el negocio que tiene el Grupo Sura. Se trata de uno de los principales conglomerados de servicios financieros de Colombia y que controla al menos el 20% de los fondos de pensiones de Chile.
El grupo, sin embargo, desmintió el pasado fin de semana que su operación en Chile esté en riesgo: “A la fecha, no conocemos ninguna decisión del Gobierno de Chile en ese sentido”.
La propuesta de Boric también ha encontrado eco en México, donde “la tecnocracia mexicana de Ernesto Zedillo (presidente de 1994-2000) hizo una copia casi en calca de la privatización del sistema de pensiones de Augusto Pinochet”, dijo Gustavo Leal, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Proyecto de pensiones de Gabriel Boric
Brasil y Argentina son los grandes defensores de los sistemas de reparto en la región.
En la mayor economía latinoamericana, el sistema de jubilaciones continúa siendo público.
Existe la posibilidad de que los trabajadores aporten voluntariamente a fondos privados para complementar su renta futura. Esto, ya que la jubilación pública máxima es de 6.000 reales.
El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, propuso en 2019 crear fondos privados como alternativa al sistema público.
Pese a esto, el Congreso lo rechazó y aprobó una reforma más suave, que impuso una edad mínima de jubilación. Esto, así como un tiempo mínimo de contribución de 15 y 20 años, respectivamente.
En Argentina, un país con recurrentes períodos de alta inflación, el sistema es completamente público, pero la ley establece que la tasa de reemplazo debe ser del 82% y actualizarse periódicamente.
Esta imposición legal no siempre se ha cumplido y ha suscitado a lo largo de las décadas conflictos. Hasta 2017, la actualización era semestral y en base a una fórmula determinada en partes iguales por la variación de la recaudación tributaria y la variación de los salarios.
El exgobernante Mauricio Macri cambió la fórmula (70% de inflación y 30% de variación salarial), pero el Gobierno de Alberto Fernández recuperó la recaudación tributaria y los salarios como componentes de la actualización.
