La polémica entre el Movimiento al Socialismo (MAS) y la oposición boliviana se mantiene dos meses después del encarcelamiento de la expresidenta interina Jeanine Áñez investigada por esos sucesos.

Áñez y dos de sus exministros están en prisión desde marzo pasado por el caso llamado “golpe de Estado”. Este inició a instancias de una denuncia de una exparlamentaria del MAS sobre la crisis de 2019.

El Gobierno de Luis Arce presentó ante la Fiscalía cuatro “proposiciones acusatorias” contra la exmandataria. Lo anterior, por acciones que asumió durante su Gobierno y que podrían derivar en juicios de responsabilidades ante el Parlamento.

A estos procesos se suma otro iniciado por el titular del Senado, Andrónico Rodríguez. Él la acusándola de haber asumido de forma supuestamente irregular la presidencia del Senado en 2019, un caso que la Fiscalía admitió recientemente.

Exmandataria encarcelada

Las polémicas por la salud de la exmandataria han sido constantes, ya que su familia denunció las trabas que deben enfrentar sus médicos para asistirla en prisión.

Por contra, el oficialismo y el Gobierno de Luis Arce rechazan estas denuncias y aseguran que la expresidenta goza de supuestos privilegios en prisión.

El mismo presidente Arce aseguró en una reciente entrevista con los medios estatales que hay una “doble moral” y una “posición de victimización” porque fueron las autoridades del Gobierno transitorio quienes “violaron los derechos humanos y los debidos procesos”, además de abusar “del poder”.

Arce sostuvo que su Gobierno “ha respetado el debido proceso, los derechos humanos” y que incluso algunos les han dicho que “ya parecen privilegios en lugar de respeto de derechos humanos”.

El mandatario manifestó que su Administración ha tratado de mostrar que se le debe “tratar como gente pese a lo que haya hecho, merece un juicio responsable, que se respeten los debidos procesos, que se defienda”, aunque insistió en pedir “que no se victimicen”.

El diputado Carlos Alarcón dijo que Áñez es una “presa política” que es usada por el MAS como “trofeo de guerra”. Agregó que ella, sus exministros y los oficiales militares y policiales incluidos en el proceso deberían ser liberados porque el proceso “es una aberración jurídica”.

Para Alarcón, el nuevo proceso en su contra tiene como objetivo lograr otra detención preventiva para mantener a la expresidenta en prisión.

“Este es el nivel de iniquidad al que está llegando el sistema de Fiscalía y de justicia penal. Prácticamente nos pone a todos como se decía antes en épocas de la dictadura con el testamento bajo el brazo”, lamentó Alarcón.

¿Sucesión o golpe?

A Jeanine Áñez se le acusó de “sedición y terrorismo” por la crisis de 2019 que para el MAS fue un golpe de Estado contra el entonces presidente Evo Morales.

Morales renunció a la presidencia boliviana el 10 de noviembre de 2019 denunciando que fue forzado por un supuesto golpe de Estado.

La polémica sobre la crisis de 2019 reavivó tras conocerse un informe enviado por el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez.

El documento llegó a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en el que el funcionario insiste en que hubo un “golpe de Estado” y no una sucesión constitucional.

En el citado informe, Chávez, que fue abogado de Evo Morales, niega las renuncias de quienes podían suceder al exmandatario.

Alarcón consideró que ese informe “es un acto meramente privado, excediendo y abusando funciones del procurador”.