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El jueves, el periodista y abogado chileno-venezolano, Braulio Jatar, fue liberado por Nicolás Maduro junto a otras 21 personas, según anunció la mañana de este viernes la alta comisionada ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
Jatar fue detenido en Isla Margarita en 2016 por la policía de Venezuela tras cubrir y fotografiar protestas y manifestaciones en contra de Maduro para su medio de noticias Reporte Confidencial, tras lo cual fue acusado de lavado de dinero.
Hasta el momento, el profesional se encontraba bajo arresto domiciliario desde el 24 de mayo de 2017, día que salió de la cárcel.
De acuerdo a Reuters, el gobernante también liberó a 20 estudiantes y a la jueza Maria Afiuni, privada de libertad desde 2009 luego de una petición de Hugo Chávez.
La magistrada generó la molestia del fallecido presidente tras liberar al empresario Eligio Cedeno, quien enfrentaba cargos por corrupción, con el argumento que el hombre había esperado por un juicio por sobre el tiempo que la Ley estipulaba.
Afiuni fue enviada a arresto domiciliario en 2011 y en marzo de 2019 fue condenada a purgar una pena de cinco años de presidio.
Según una vocera de la oficina de Bachelet, la expresidenta le habría solicitado de manera directa a Maduro la libertad de estas 22 personas durante el viaje que la exmandataria sustanció al país caribeño entre el 19 y 21 de junio.
Informe
El jueves, Bachelet presentó el informe de su viaje a Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos del ente mundial.
En el escrito, la comisionada acusó a la administración de Maduro de “graves vulneraciones de derechos” y entre otros hechos, aseguró la realización de más de 6.800 ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas entre enero de 2018 y mayo de 2019.
A su juicio, tales delitos “deben ser investigados a fondo, estableciendo responsabilidades para sus autores y garantizando su no repetición”.
En línea con lo anterior, Bachelet admitió que “las instituciones esenciales y el estado de Derecho en Venezuela se han erosionado”, motivo por el cual “el ejercicio de las libertades de expresión, asociación, asamblea y participación corre peligro de ser castigado con represalias”.
A modo de conclusión, la diplomática concluyó que, en su opinión, “la única forma de salir de esta crisis es la unión”, por lo que pidió al gobierno de Venezuela “que vea a la oposición y los defensores de Derechos Humanos como socios en la causa común de estos derechos y de la justicia, para plantar las semillas de un acuerdo duradero que lleve a la reconciliación”.
Pero el Palacio de Miraflores cuestionó el documento de Bachelet, dijo que tenía errores, acusó una “visión selectiva y abiertamente parcializada”, rechazó la existencia de presos políticos y negó la crisis humanitaria.
