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El gobierno de Jair Bolsonaro resolvió en su primer día en funciones traspasar al ministerio de Agricultura la demarcación de las tierras indígenas, una medida que desató las críticas de organizaciones indigenistas y de defensa del medio ambiente.
Una ordenanza para definir la estructura y funciones del Ejecutivo dispuso además que las organizaciones internacionales y las no gubernamentales (ONG) serán supervisadas por la Secretaría del Gobierno, dependiente de la Presidencia.
También excluyó a la población LGBT como beneficiaria de las políticas y destinadas a la promoción de derechos humanos del recién creado Ministerio de la Mujer, de la Familia y de los Derechos Humanos.
“Más del 15% del territorio nacional es demarcado como tierra indígena y quilombola (poblados por exesclavos fugitivos). Menos de un millón de personas viven en esos lugares aislados de Brasil, explotadas y manipuladas por ONG. Juntos vamos a integrar a esos ciudadanos y a valorar a todos los brasileños”, tuiteó Bolsonaro reforzando su decisión.
Según la ordenanza publicada la noche del martes, el ministerio tendrá a cargo lo relacionado con “la reforma agraria, la regularización de la propiedad en áreas rurales en la Amazonía Legal (no sólo el estado Amazonas), las tierras indígenas y los quilombolas”.
Mais de 15% do território nacional é demarcado como terra indígena e quilombolas. Menos de um milhão de pessoas vivem nestes lugares isolados do Brasil de verdade, exploradas e manipuladas por ONGs. Vamos juntos integrar estes cidadãos e valorizar a todos os brasileiros.
— Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) January 2, 2019
Hasta ahora, la demarcación de tierras indígenas estaba a cargo de la Funai (Fundación Nacional del Indio), vinculada al ministerio de Justicia y que ahora pasa al de la Mujer, Familia y Derechos Humanos.
El ministerio de Agricultura encarna los intereses del agronegocio que entran en frecuentes conflictos con organizaciones de trabajadores rurales, con los indígenas y con grupos de protección del medio ambiente.
Bolsonaro designó ministra de Agricultura a Tereza Cristina da Costa, que al asumir el cargo este miércoles dijo que esta medida no reducirá el número de demarcaciones.
“No nos metamos en un problema que no existe. Es solo una cuestión de organización”, adujo la ministra, que como jefa de la bancada ruralista en la Cámara de Diputados le dio a Bolsonaro un apoyo decisivo en la campaña electoral.
La Funai indicó en un comunicado enviado a la AFP que “respeta la decisión del nuevo gobierno y seguirá cumpliendo con la misión institucional de proteger los derechos de los pueblos indígenas”.
Una ordenanza debe ser aprobada por el Congreso en un plazo de 60 días (el plazo es renovable), pero tiene vigencia inmediata.
“¿Vieron? El desmembramiento ya empezó. La Funai ya no es más responsable de la identificación, delimitación, demarcación y registro de tierras indígenas”, tuiteó la líder indígena Sônia Guajajara, que en las elecciones de octubre fue candidata a vicepresidenta del candidato Guilherme Boulos, del Partido Socialismo y Libertad (Psol).
La organización ecologista Greenpeace calificó de “extremadamente preocupante” una decisión que pone en riesgo “los derechos originales de los pueblos indígenas” y “el futuro de las florestas, pues son las áreas protegidas la forma más eficiente de evitar la deforestación”.
ONG en la mira
También generaron polémicas otros dos puntos de la ordenanza.
Uno de ellos determina que la Secretaría de Gobierno tendrá entre sus competencias “supervisar, coordinar, vigilar y seguir las actividades y las acciones de los organismos internacionales y de las organizaciones no gubernamentales en el territorio nacional”.
José Miguel Vivanco, director de la división para América de Human Rights Watch (HRW), dijo que preocupa “el uso de los términos ‘supervisar’ y ‘monitorizar’, lo que sugiere una falta básica de comprensión del rol independiente que estas entidades tienen en cualquier sociedad abierta y democrática”.
La Secretaría de Gobierno de la Presidencia “siempre tuvo un papel de interlocución con la sociedad civil (…), nunca de control”, afirmó Juana Kweitel, directora ejecutiva de Conectas, una ONG enfocada en la defensa de los derechos humanos. “La libertad de acción de la sociedad civil es esencial para la democracia”, agregó.
La investigadora de la Fundación Getulio Vargas Aline Goncalves de Souza subrayó que la ordenanza “podría entrar en conflicto con la Constitución que garantiza libertad de asociación para fines lícitos y veta la interferencia estatal en el funcionamiento de las asociaciones”.
En otro punto polémico, la ordenanza excluye a la población LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales) como beneficiaria de políticas destinadas a la promoción de derechos humanos del recién creado Ministerio de la Mujer, de la Familia y de los Derechos Humanos.
Se trata de “una afrenta” a la población LGBT, dijo la abogada Juliana Maggi.
Para Maggi, puntos como la unión estable y el derecho a formar familia no pueden ser alterados porque están garantizados en la legislación brasileña, “a menos de que surja una nueva Constituyente o medidas que rompen el modelo de estado democrático que tenemos”.
