Mientras los petroleros de Brasil suspendían este jueves su huelga amedrantados por elevadas multas, el debilitado gobierno de Michel Temer sacaba la calculadora para ver cómo pagar las concesiones dadas a los camioneros para poner fin al masivo movimiento que paralizó el país.
Aunque el parón de 72 horas iniciado el miércoles por los trabajadores petroleros prometía abrir un nuevo frente para Temer, la Federación Unificada de Petroleros (FUP) recomendó esta mañana dar marcha atrás después de que la justicia elevara las multas a los sindicatos que participaran en esa convocatoria considerada ilegal a dos millones de reales (537.000 dólares).
“La huelga fue encerrada en más del 95% de las unidades”, confirmó en la tarde la estatal Petrobras en un comunicado, asegurando que no hubo impacto en la producción ni tampoco hubo riesgo de desabastecimiento.
El paro pedía, entre otras cosas, la dimisión del presidente de la empresa, Pedro Parente, y también el fin de su política de precios, que empezó a ajustar diariamente desde 2016 en función de las cotizaciones del mercado internacional. Esta medida supuso aumentos significativos del precio de los combustibles este año en Brasil.
Aunque tuvo poco impacto concreto, la movilización de los trabajadores petroleros fue una jarra de agua fría para Temer porque pisó los talones a la huelga de camioneros contra de los altos precios del diésel, que apenas empezó a desarmarse el martes tras nueve días de bloqueos.
Con camioneros parados en autopistas y carreteras y rechazando entregar sus cargamentos, ciudades enteras quedaron sin gasolina y sin comida fresca por más de una semana. Una docena de aeropuertos tampoco pudieron repostar el combustible de los aviones.
Eso hizo que las refinerías estuvieran llenas, y minaron los efectos de la breve huelga de petroleros.
Gracias a Dios
La poderosa huelga de camioneros, que agarró a todo el mundo por sorpresa en un país que carece de una red ferroviaria importante y donde el 60% de los transportes de mercaderías se realiza con camiones, debilitó aún más al conservador de Temer.
El presidente más impopular de la historia moderna de Brasil, que asumió el poder en 2016 tras el impeachment a la izquierdista Dilma Rousseff, pidió ayuda a las Fuerzas Armadas y acabó viéndose sucumbir a las demandas de los transportistas para bajar el precio del diésel.
“Gracias a Dios, estamos cerrando esta huelga de los camioneros. Y por una actitud mía que muchas veces ha sido criticada, el diálogo”, manifestó el mandatario este jueves en un acto de una congregación evangélica.
“Creo que fui llamado aquí hoy iluminado por Dios”, aseguró, remarcando que estaba queriendo “conmemorar la pacificación del país”.
Pagar las cuentas
Lo cierto es que los brasileños celebraban este jueves que la normalidad estuviera volviendo al país, pese al feriado de Corpus Christi.
En ciudades como Rio de Janeiro o Sao Paulo, las frutas y verduras volvieron a aparecer en los supermercados, las gasolineras volvían a abrir y los buses circulaban normalmente.
Pero ahora, el gobierno de Temer debe encontrar maneras de pagar los 9.600 millones de reales (unos $1,639 mil millones de pesos) por los subsidios prometidos a los camioneros para aliviar los gastos del diésel.
Las medidas publicadas el jueves incluían una supresión de incentivos para las empresas exportadoras, cortes de apoyo a la industria química e incluso recortes en programas sociales de salud o educación.
Y, eso, con la amenaza de nuevos malestares viva, porque el descuento del diésel prometido a los camioneros solo durará 60 días y no ha habido ningún anuncio de cómo el gobierno podría evitar nuevos conflictos.
De hecho, los petroleros dijeron que la suspensión de su huelga era una “retirada temporal” y una “advertencia”, ya que prevén hacer otra indefinida a mediados de junio.
Temer está ahora atrapado entre la hostilidad cada vez mayor de la opinión pública hacia su persona y su voluntad de mantener a los mercados contentos con sus políticas de austeridad de recortes y reformas liberales para hacer reflotar la economía del gigante latinoamericano.
La autonomía de precios de Petrobras, garantizada desde 2016, se había presentado como una medida clave para hacer crecer a la gigantesca compañía, después de haber quedado en el centro de un megaescándalo de corrupción.
Presionado, Temer llegó a sugerir esta semana que podría reconsiderar esta política, pero el miércoles envió una nota para tranquilizar a los inversores remarcando que su gobierno la mantendrá.
Con elecciones generales en octubre y sin que candidatos oficialistas logren despuntar en las encuestas, los últimos meses en el poder de Temer prometen ser complicados.
La huelga de camioneros, que causó trastornos a millones de brasileños, fue apoyada por un 87% de los brasileños, según una encuesta de Datafolha.