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Un afiliado a la AFP Habitat se encuentra realizando distintas gestiones -ante la negativa de la administradora- para poder obtener sus fondos previsionales y costear los tratamientos asociados a la enfermedad terminal que padece.
El afiliado es Carlos Correa Cruzat, socio del estudio jurídico y contable “Correa y Cruzat SpA”. Tiene 57 años y sufre de un avanzado cáncer, cuyas quimioterapias para paliar sus afecciones le cuestan $1.300.000 (cada 15 días).
A lo anterior se suma que Correa sólo recibe una pensión de $400.000 por incapacidad laboral, según indicó el escrito judicial; y debe comprar una serie de medicamentos, costear gastos básicos y ha pagado más de $80 millones en el Hospital Clínico de la Universidad Católica.
“Dado el avance de la enfermedad, no alcanzo a llegar (a Fonasa), se me obliga a ir al sistema privado”, relató indicando que en el sistema público de salud están colapsados con las horas para las quimioterapias.
Ante este escenario, Correa solicitó a la AFP Habitat el retiro de sus ahorros previsionales, lo cual le fue rechazado. Posteriormente, presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago.
En respuesta, conforme a lo que se lee en el texto del recurso, la administradora argumentó que “es de público conocimiento que conforme al Decreto Ley 3.500 del año 1980, nunca ha sido posible devolver los fondos previsionales a los afiliados a las AFP si no es para destinarlos a los fines establecidos en la Ley, porque única y exclusivamente pueden ocuparse para el financiamiento de los beneficios previsionales, principio fundamental que rige el sistema de pensiones en nuestro país”.
A renglón seguido, Habitat subrayó que “no es posible (…) sin transgredir la Constitución Política de la República y las Leyes” acceder a una petición “como la que ha formulado el recurrente”.
Por último, argumentó que Correa tampoco “ha sido privado, desconocido o vulnerado de su derecho a la vida, ni de propiedad”.
Casos que fueron rechazados
En diciembre de 2019, el Pleno del Tribunal Constitucional (TC) comunicó que negó, de manera unánime, que dos mujeres retiraran sus fondos de AFP, zanjando así la polémica sobre la posibilidad que cotizantes puedan disponer de tales dineros para otros propósitos que no sean previsionales.
En concreto, se trataba de una profesora de Matemáticas jubilada de Antofagasta y de una técnico en enfermería todavía en ejercicio de Punta Arenas, quienes hicieron noticia tras anunciar que intentarían retirar parte de los ahorros de sus cuentas de capitalización individual.
De esta manera, ambas ingresaron recursos de protección ante las Cortes de Apelaciones de sus respectivas ciudades de residencia, tras lo cual la pugna escaló hasta el órgano jurisdiccional, el que finalmente desechó los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad.
