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Vecinos de Elqui y Vicuña, a través de la Asociación de Turismo de Pisco Elqui, presentaron hace un mes un Recurso de Protección contra el proyecto "Minera Campanario" de Barrick Gold, aprobado por el SEA en julio. Esto debido a que se oponen al uso de agua por parte de la minera por escasez hídrica, y ahora en medio de los alegatos iniciales, también señalan la falta de un Estudio de Evaluación Ambiental. La alcaldía de Paihuano rechaza el proyecto por amenazar el ecosistema, pero parlamentarios muestran opiniones divididas: mientras que Víctor Pino apoya la inversión, Daniel Núñez teme impacto en turismo y crisis hídrica. Desde el SEA declinaron hacer comentarios al respecto a La Radio.
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Hace un mes, los vecinos de las comunas de Elqui y Vicuña, a través de la Asociación de Turismo de Pisco Elqui, parte del movimiento ciudadano “Elqui Sin Mineras” -conformado por 40 organizaciones—, presentaron un Recurso de Protección para paralizar el proyecto “Minera Campanario” de la canadiense Barrick Gold.
Esto luego que el proyecto fuera aprobado por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Coquimbo en julio del presente año.
Sin embargo, las organizaciones locales acusan “inconstitucionalidad” en la aprobación del SEA de Coquimbo, asegurando que el proyecto tuvo luz verde sin un Estudio de Impacto Ambiental, como exige la norma.
Presentan recurso contra Minera Campanario de Barrick Gold
En su resolución, el SEA dio luz verde a la construcción de 116 plataformas perforadoras en una zona de importancia arqueológica, entre humedales alto andinos y glaciares, particularmente en las cercanías donde antes se encontraba la mina El Indio, que operó hasta el 2002.
Al respecto, los dirigentes denuncian que usarían 2,26 litros de agua por segundo de las nacientes del río Elqui, con decreto de escasez hídrica vigentes.
Pero más aún, en los alegatos que arrancaron esta mañana, dirigentes acusan que el proyecto se aprobó tan solo con una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), sin siquiera exigir la realización de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA).
El abogado de la Organización “Elqui Sustentable”, Boris Muñoz, planteó que están dadas las condiciones para anular y solicitar la paralización inmediata de las obras, por ser “inconstitucional”.
Según Muñoz, “se puede considerar que el proceso se encuentra viciado”, agregando que “cuando se trata de una minera de una proporción e impacto relevante, en consecuencia, no es posible que califique ambientalmente a través de una simple declaración en que la participación ciudadana, prácticamente no tiene ninguna relevancia, excepto formal”.
A través de una declaración pública, la alcaldía de Paihuano también expresó su total rechazo: “Nuestro municipio y nuestro alcalde condenan tajantemente cualquier idea o intención de instalar un proyecto minero en nuestro Valle de Elqui. Esta iniciativa amenaza seriamente nuestro ecosistema, en particular los ríos de Paihuano y Vicuña”.
Opiniones divididas de parlamentarios
Consultados parlamentarios de la región, tienen opiniones disímiles.
El diputado de Demócratas, Víctor Pino, dijo que se debe dejar que las instituciones hagan su trabajo, apelando a la inversión y el crecimiento que debe potenciarse en la región.
“Es muy importante dejar que las instituciones funcionen y cuando exista un análisis riguroso de cualquier proyecto aprobado por el organismo técnico competente, es necesario dejar de lado cualquier impresión política o económica, que nos impide avanzar”, sostuvo el parlamentario.
En cambio, el senador PC, Daniel Nuñez, si bien no se refirió en particular a la decisión del SEA, sí dijo ver con preocupación el impacto de este proyecto en la zona y sobre todo en el atractivo turístico que tiene el Valle.
Nuñez sostuvo que “obviamente, la región de Coquimbo está azotada por una crisis hídrica, y la instalación en el Valle de Elqui de una gran minera, va a afectar las napas subterráneas; va a implicar más uso de agua y por supuesto que tenemos riesgo de contaminación y otros impactos ambientales negativos”.
Desde el SEA declinaron referirse al tema, por cuanto hace algunos días atrás fueron admitidos a trámite diversos recursos de reclamación interpuestos tanto por personas naturales como agrupaciones comunitarias, encontrándose dichos recursos actualmente en trámite en la Dirección Ejecutiva del SEA.
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