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El Servicio de Impuestos Internos (SII) contará con nuevas atribuciones tras la aprobación de la ley de Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias, clave en el Pacto Fiscal, para así combatir de mejor manera el crimen organizado, la elusión y evasión de impuestos. Las estrategias incluyen la eliminación de exenciones a importaciones, el reporte de cierta cantidad de transacciones bancarias a un solo contribuyente, exigencia de inicio de actividades a quienes ofrezcan servicios al estado, y mayor fiscalización en terreno. Para combatir el crimen organizado, se simplificará el levantamiento del secreto bancario y se facilitarán el proceso para las denuncias anónimas. Además, se fortalecerá la fiscalización a grandes empresas y grupos empresariales.
Tras la aprobación de la ley de Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias, clave en el Pacto Fiscal, el Servicio de Impuestos Internos (SII) contará con nuevas atribuciones y ejercerá labores para el combate al crimen organizado, la elusión y evasión de impuestos, además de contar con mayores atribuciones para la fiscalización de grandes empresas.
Algunas de estas estrategias apuntan a las compras de bienes por internet, transacciones bancarias, compras con altas sumas de dinero en efectivo, levantamiento del secreto bancario, exigencia en la iniciación de actividades, entre varios otros.
Todas estas buscan mejorar la recaudación, algo esencial para el Gobierno ya que, en caso de que no se aprobara tal iniciativa, serían “US$1.200 millones” los cuales no se podrían considerar dentro del Presupuesto 2025.
Estrategia de fiscalización del SII contra la evasión e informalidad
Primero se pueden nombrar a las estrategias contra la evasión e informalidad.
Aquí, el SII señala a la eliminación de la exención de US$41 a la compra de bienes importados mediante plataformas digitales. Con ello, también se incorpora un sistema simplificado para el pago de IVA en productos de hasta US$500, eliminando los aranceles en ese tramo.
Los bancos, a su vez, deberán informar sobre aquellas transacciones que involucran más de 50 abonos de distintas personas a un contribuyente dentro de un mes. La cantidad sube a 100 en casos de 6 meses. En ambos se deberán informar el monto agregado abonado.
Respecto a la exigencia del inicio de actividades y cumplimiento de obligaciones tributarias: “la administración del Estado, gobiernos regionales y municipalidades, deberán exigirlo a los contribuyentes con los que contraten algún producto o servicio, así como las plataformas digitales. Los proveedores de medios de pago electrónicos solo deberán exigir inicio de actividades”.
Se reforzará también la fiscalización en terreno, incluido el control carretero en el peaje Angostura, este último específicamente sobre el transporte de carga. En supermercados y restaurante se buscará evitar emisión de facturas a empresas por compras de consumo personal.
Y además, están las labores en conjunto con el Ministerio Público y las policías, para combatir la evasión e informalidad.
Combate al crimen organizado
Sobre el combate al crimen organizado, se simplifica el proceso para levantamiento del secreto bancario, el cual será sin la posición del contribuyente en los casos de delitos tributarios. También se acortan los plazos y se suspende la prescripción para el SII.
Para la figura del denunciante anónimo, se facilitarán las denuncias y, para aquellos casos donde el monto defraudado suba de las 100 UTA (unos $80 millones), se dará una retribución del 10% de las multas.
Respecto a las operaciones en efectivo; si estas superan las 135 UF (alrededor de $5 millones), se deberá identificar al comprador).
También los vendedores de artículos usados deberán identificar a quienes les abastecen, con tal de identificar a quienes puedan comercializar cosas robadas.
Dentro del SII se creará una oficina especializada en Crimen Organizado, que pueda perseguir legamente la evasión tributaria de este tipo de organizaciones delictuales, coordinando también el trabajo con otros organismos.
Fiscalización a grandes empresas y grupos empresariales
Por último, está lo relacionado a las grandes empresas.
Primero, se fortalece la norma general antielusión “ante planificaciones tributarias agresivas, haciendo más expedita la notificación y su sanción”.
De las rentas pasivas, el SII señala que “la actual norma solo incluía rentas pasivas generadas por empresas en el extranjero entre personas relacionadas de manera patrimonial y con la ley se incorporan las relaciones familiares hasta segundo grado de consanguineidad”.
Sobre los grupos empresariales, estos podrán ser fiscalizados de forma unificada, lo que podrá ser realizado por cualquier dirección regional del Servicio en el país, considerando las características de cada grupo.
Con la nueva normativa, se dan más atribuciones para impugnar precios , valores y rentabilidades para las operaciones de partes relacionadas en el extranjero.
“La norma también permite especializar a grupos de fiscalizadores en temáticas de mayor complejidad, y también distribuir en forma eficiente las auditorías en los casos más relevantes”, detalla el SII.
Finalmente, la ley de cumplimiento tributario establece una nueva causal para procedimiento previo de fiscalización de IVA exportador, y se faculta al organismo para rechazar una solicitud de término de giro, siempre y cuando no se aporten los detalles solicitados.
