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El Gobierno de Javier Milei en Argentina decretó la esencialidad del transporte aéreo y fijó servicios mínimos ante el conflicto sindical en Aerolíneas Argentinas, destacando la relevancia estratégica de la aviación para el país. Se estableció que los servicios mínimos no podrán ser inferiores al 50% de la actividad normal, debido a que las alteraciones en los vuelos causan serios perjuicios económicos. Las protestas de los trabajadores del sector aeronáutico, incluyendo paros encubiertos y huelgas, han generado conflictos con el Gobierno, que ha tachado el comportamiento de los pilotos como una "profunda inmoralidad". A pesar de la aspiración de privatizar Aerolíneas Argentinas por parte del Gobierno de Milei, la compañía quedó fuera de las empresas públicas susceptibles de ello según la \'ley bases\', aunque el partido PRO ha presentado un proyecto de ley para su privatización.

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En Argentina, el Gobierno de Javier Milei decretó este lunes la esencialidad del transporte aéreo y fijó unos servicios mínimos para cuando no haya acuerdo entre partes, en medio del conflicto sindical en Aerolíneas Argentinas, que ha llevado a la convocatoria de asambleas y huelgas en las últimas semanas.

Mediante la publicación de dos decretos (el 825 y el 831) en el Boletín Oficial, el Ejecutivo de Milei destacó la “relevancia estratégica” de la aviación para “el transporte, el tránsito de pasajeros, el comercio regional e internacional y el desarrollo de las economías regionales”, por lo que su “alteración” afecta “el adecuado funcionamiento” del sistema integrado por las actividades vinculadas a la navegación aérea.

El texto publicado remarcó la necesidad de alcanzar acuerdos entre partes cuando haya un conflicto y, ante su no consecución, el establecimiento de servicios mínimos “que en ningún caso podrá resultar inferior al 50% respecto de la actividad o prestación normal y regular de los servicios”, se lee.

Esta medida, argumentó el Gobierno, se debe a que las demoras, cancelaciones o reprogramaciones de los vuelos “provocan daños y perjuicios a los pasajeros, ocasionan un grave impacto económico asociado y generan pérdidas económicas considerables”.

No obstante, el Ejecutivo señaló que, mediante esta normativa, busca “conciliar los dos derechos involucrados”: el nivel de servicio mínimo del transporte aerocomercial y el ejercicio del derecho de huelga de los trabajadores.

Ambos decretos están firmados por el presidente Milei; la ministra de Capital Humano (responsable de la Secretaría de Trabajo, otrora Ministerio), Sandra Pettovello; el titular de Economía, Luis Caputo; y el jefe de gabinete del Gobierno, Guillermo Francos.

Protestas

El sector aeronáutico en Argentina está envuelto en un momento de fuertes protestas en medio de la reclamación de mejoras salariales de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA).

Además de las asambleas de operarios, consideradas ‘paros encubiertos’ por las autoridades, destacan las huelgas del 6 de septiembre, que afectó a unos 15.000 pasajeros y 185 vuelos, y del pasado día 13, que alcanzó a unos 37.000 pasajeros y 319 vuelos, con un costo económico de 2,5 millones de dólares, según Aerolíneas Argentinas.

El Gobierno de Milei ha tachado de “profunda inmoralidad” el comportamiento de los pilotos de la aerolínea, cuyos “privilegios” ha denunciado en varias ocasiones y para quienes anunció “multas y sanciones”.

El secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró, dijo este lunes que “el conflicto está grave y se va a poner mucho peor”.

“El Gobierno está jugando todas las cartas muy fuerte y no estamos dispuestos a vivir bajo una tiranía. Vamos a defender el interés colectivo, vamos a recurrir a la Justicia con amparos y medidas cautelares”, declaró a Radio Mitre.

Pese a que la privatización de Aerolíneas Argentinas era una aspiración de Milei, la compañía quedó fuera del listado de empresas públicas susceptibles de ello que el Ejecutivo incluyó en su Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos -más conocida como ‘ley bases’-.

No obstante, el partido Propuesta Republicana (PRO, centroderecha), fundado por el expresidente Mauricio Macri (2015-2019), aliado del Ejecutivo, presentó recientemente un proyecto de ley para su privatización.