El Juzgado de Garantía de Porvenir rechazó la solicitud de postergar la reunión de la junta de acreedores, que tendrá lugar el próximo miércoles. Los sindicatos pidieron al Gobierno intervenir para evitar el cierre de la empresa.
La empresa Nova Austral ve cada vez más cercano su cierre. Esto, luego de que el Juzgado de Garantía de Porvenir rechazara este viernes la solicitud de postergar la reunión de la junta de acreedores de la empresa, fijada para el próximo miércoles 20.
La petición se basaba en que en esta cita estarían ausentes los principales acreedores de la empresa, debido a una acción judicial en Noruega, por lo que según fuentes cercanas al proceso, solo estarían representadas de modo preponderante los representantes del DNB Bank, entidad financiera que pidió la liquidación de la salmonera.
Pero el tribunal de Porvenir juzgó otra cosa: “Teniendo presente lo dispuesto en los artículos 242 y los siguientes del Código Civil y atento a que la Ley 20.720 no contempla el reconocimiento de las actuaciones indicadas por el compareciente, como se desprende del contenido del capítulo 8 de dicha norma, se resuelve no dar a lugar a la solicitud, por improcedente”.
Cierre de Nova Austral: sindicatos alarmados
Lo ocurrido desató ayer la alarma de los sindicatos de la empresa, que declararon: “Lamentamos profundamente y vemos con mucha preocupación que el Juzgado de Letras y Garantía de Porvenir no haya querido aplazar la junta de acreedores para permitir que todos los acreedores puedan votar sobre el futuro de la compañía”.
Agregaron que “nos sorprende la indolencia y falta de humanidad del juez Pablo Aceituno, el cual con su decisión de no aplazar la reunión condena a las más de 700 familias que trabajamos en la empresa a quedarnos sin nuestras fuentes de trabajo”.
“Del mismo modo, condenamos la actuación del DNB Bank puesto que con su decisión no está teniendo en cuenta la realidad de todos nosotros, trabajadores chilenos, ni de la comunidad de Porvenir y de la Región de Magallanes”, añade la declaración.
Finalmente, solicitaron una intervención del Ejecutivo para impedir el cierre de la empresa: “Hacemos un urgente llamado al Gobierno, al Presidente Gabriel Boric, a los parlamentarios de la zona, al Tribunal de Provenir y a todos los acreedores para que tengan en consideración los efectos catastróficos”.
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