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Durante las últimas horas se supo de la masiva filtración de datos de tarjetas de crédito de, al menos, 14 mil clientes de bancos chilenos. La situación fue confirmada por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) y las entidades aseguraron haber tomado medidas para enfrentar esta contingencia.
Por lo anterior, es importante recordarle a las personas bancarizadas que ninguna empresa del área puede venderles un seguro o reparación en caso de que sean víctimas de algún fraude, independiente de los servicios que tengan contratados previamente.
Antecedentes
En 2017, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) informó que sólo en el año previo recibió alrededor de 3.200 reclamos en contra de las entidades bancarias relacionados con clonaciones y fraudes financieros. Muchos de ellos tenían clausulas que limitan su responsabilidad en caso de que los clientes sufran algún tipo de fraude, pero aquello fue revertido.
Responsabilidad total del banco
En contexto de lo anterior, el Sernac ha sido enfático en remarcar lo siguiente: las entidades financieras tienen la obligación de tomar todas las medidas de seguridad para que los consumidores no sean víctimas de fraudes o suplantaciones de identidad.
Seguros
Respecto a los seguros que ofrecen los bancos para evitar fraudes financieros, el Sernac aclaró que los consumidores tienen derecho a que las empresas le respondan si no prestan sus servicios con medidas de seguridad adecuadas, hayan o no contratado un seguro.
Las empresas tienen que responder siempre que se extienda a su deber de profesionalidad. Por ejemplo, ante un robo de una tarjeta, el banco siempre tiene la obligación de chequear la identidad de quien la usa; en el caso de clonación, debe tener mecanismos asociados a los medios de pago que tengan medidas antifraudes.
El seguro puede servir cuando se cubren eventualidades distintas a las que se pagan vía común, como por ejemplo robos a la salida del cajero automático.
Senado aprobó traspaso de responsabilidad por fraudes a emisores de tarjetas
Por unanimidad, en enero pasado, fue aprobado el proyecto de ley que limita la responsabilidad de los usuarios, y traspasa la carga de prueba a los emisores de tarjetas de débito y crédito, frente a aquellas operaciones que se realicen con tarjetas perdidas o robadas.
Eso sí, el proyecto establece responsabilidades a los usuarios, exigiendo que actúen de manera “diligente”, imponiendo un plazo de 30 días para hacer las reclamaciones pertinentes desde el día que se efectúa el o los fraudes.
