La Fiscalía Nacional Económica (FNE) anunció este viernes que inició una investigación sobre los efectos que puede generar en el mercado la adquisición del 24% de la propiedad de la empresa SQM, principal productor de litio en Chile, por parte de Tianqi, compañía dedicada a la exploración, explotación y refinamiento de este producto y sus derivados.
Esta causa, explicaron, surge a partir de dos denuncias recibidas respecto a esta operación. La primera de ellas fue presentada por la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) el 9 de marzo, y la segunda, por el senador Alejandro Guillier, el 28 de mayo.
Hasta ahora, el tema denunciado se mantenía en etapa de admisibilidad en la FNE, fase a la cual son sometidas todas las denuncias recibidas y que permite realizar un examen previo para determinar si hay mérito suficiente para abrir una investigación.
Durante dicho proceso se realizaron diversas diligencias, entre las que se cuentan el análisis de información pública disponible sobre el mercado involucrado y sus actores, solicitud de antecedentes a agentes económicos y autoridades y citaciones a declarar a personas relacionadas con el tema, entre otras. Durante este período la entrega de antecedentes y la prestación de declaración son siempre voluntarias.
La operación analizada
En mayo de 2018, Nutrien Ltd (continuadora de Potash Corp) y Tianqi anunciaron un acuerdo por el que esta última adquiriría las acciones Serie A que Nutrien posee en SQM, que representan cerca del 24% de esta empresa, y que debe vender para dar cumplimiento a las condiciones establecidas por las autoridades de competencia de India y China al aprobar la fusión entre Potash y Agrium Inc.
En su investigación, la FNE buscará verificar o descartar si los riesgos a la libre competencia en Chile, que podría originar la participación de Tianqi en SQM, son plausibles y de una magnitud relevante.
De acuerdo a los antecedentes obtenidos en la etapa de admisibilidad de las denuncias, respecto del acuerdo de venta de acciones y del mercado del litio, solicitados a las empresas que participan en él, a los organismos públicos involucradas y a otros actores del mercado, así como las declaraciones recogidas, no fueron suficientes para ello, siendo necesario dar inicio a la etapa de investigación para recabar la información necesaria para concluir dicho análisis.
La Ley de Defensa de la Libre Competencia dispone que, para determinar si corresponde investigar o desestimar las denuncias que se formulen, la Fiscalía puede solicitar información y llamar a declarar a empresas y personas que puedan tener conocimiento de los hechos, lo que es voluntario durante la fase de admisibilidad. Por el contrario, al iniciarse la investigación, la FNE cuenta con facultades más amplias, siendo obligatoria la entrega de información por parte de privados.
Para estas indagatorias no existe un plazo, pues ello depende de factores como la complejidad del tema y de la colaboración que presten los actores involucrados, entre otros.
Si durante su investigación se descarta la existencia de riesgos relevantes para la competencia en Chile, ésta puede cerrarse mediante una resolución de archivo. En caso contrario, la Fiscalía puede iniciar acciones ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (en procedimiento sancionatorio o consultas no contenciosas), o alcanzar un acuerdo extrajudicial con las partes, lo que también debe contar con aprobación del TDLC.