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El Gobierno de Chile se comprometió a alcanzar la carbono neutralidad para 2050 con medidas como promover el hidrógeno verde, cerrar plantas a carbón y fomentar la electromovilidad. Presentaron el anteproyecto T-MAS para clasificar proyectos sostenibles, buscando transparencia y eficiencia en los mercados financieros. El sector financiero chileno está avanzando en fondos ESG, pero la falta de estándares estandarizados representa un desafío. En América Latina, países como México y Colombia ya han implementado taxonomías sostenibles, sirviendo de referencia para Chile.
En su compromiso por disminuir los gases de efecto invernadero, el Gobierno de Chile propuso la carbono neutralidad para 2050. Frente a esto, consideró una serie de iniciativas, entre las que se encuentran la promoción del hidrógeno verde, el cierre de plantas a carbón, la electromovilidad, entre otras.
Asimismo, promueve el cuidado medioambiental con el apoyo del sector público-privado, cumpliendo con la transparencia y credibilidad con base en los informes y estudios existentes.
En este contexto, el Ministerio de Hacienda presentó a inicios de este año un anteproyecto llamado Taxonomía Medioambientalmente Sostenible (T-MAS). Este es un sistema de clasificación basado en evidencia científica, desarrollado a través de un proceso participativo que involucró la colaboración de organismos internacionales; entidades especializadas que prestaron apoyo técnico, más de 20 consultores expertos de la industria y la participación de más de 400 personas y entidades en la realización de talleres, entrevistas y grupos técnicos.
Con respecto al objetivo de este plan, Carola Moreno, coordinadora de Finanzas y Asuntos Internacionales del Ministerio de Hacienda, señaló que “el propósito central de esta herramienta es proporcionar certidumbre, transparencia y comparabilidad a los mercados sobre qué se entiende por ‘medioambientalmente sostenible’, facilitando la transición hacia una economía más sostenible”.
“La T-MAS abre nuevas oportunidades de inversión al ofrecer un marco claro que facilita a los inversionistas nacionales e internacionales la identificación de proyectos sostenibles. Este marco, a su vez, fortalece la confianza de los mercados en las empresas comprometidas con la sostenibilidad”, agregaron desde la cartera.
Entre los beneficios potenciales de esta iniciativa, destacan la transparencia y eficiencia en los mercados mediante un lenguaje común. Así también, facilitar la identificación de inversiones sostenibles y las oportunidades de inversión.
Además, al crear un marco común y transparente para las finanzas sostenibles, se busca generar estándares confiables y reducir las áreas grises en el procesamiento de permisos ambientales y problemas de greenwashing.
Rol del sector financiero en el contexto medioambiental
Este proyecto de Taxonomía Verde fue elaborado en el marco de la Mesa Público-Privada de Finanzas Verdes, nacida en 2019 con el objetivo de definir una agenda de diálogo y trabajo entre el gobierno y las instituciones del mercado financiero, entendiendo el rol que desempeña el sistema financiero en los compromisos ambientales.
Según el acuerdo, “la banca privada mantiene su enfoque en promover la sostenibilidad a través de la incorporación de estándares ASG en sus políticas y procesos internos, adaptando los estándares internacionales a sus condiciones”. Además, “se refuerza la inclusión de criterios sociales y ambientales en el análisis de créditos y riesgos, junto con programas de formación en sistemas de gestión ASG”, agrega el documento.
En Chile, el crecimiento de los fondos ESG (Ambiental, Social y Gobernanza) representa un paso significativo hacia la integración sostenible en las inversiones. Sin embargo, la falta de metodologías estandarizadas actualmente presentan un desafío para la industria.
Respecto a este alcance, Moreno señaló que “actualmente existe una gran variedad de productos financieros etiquetados como ESG o verdes, pero cuya sostenibilidad ambiental no siempre está claramente definida”.
“En el caso específico de Chile, estudios realizados por la CMF y Acción Empresas han revelado que ciertos productos financieros con estas características varían considerablemente entre sí”, añadió.

Experiencia a nivel regional
Si bien las taxonomías en América Latina y el Caribe son recientes, países como México, Panamá, Costa Rica y República Dominicana, han mostrado avances positivos en su implementación.
Al respecto, Daniel Gracián, director de Finanzas Sostenibles para América Latina en Scotiabank, institución que ha participado activamente de las mesas de trabajo conducidas por el Ministerio de Hacienda de Chile, comentó que “en abril de 2022, el Gobierno de Colombia lanzó la primera Taxonomía en América Latina y el Caribe (LAC) con el objetivo de apoyar la movilización de capital para objetivos de sostenibilidad. Esta taxonomía está altamente alineada con la taxonomía de la Unión Europea y ha servido como modelo para otras taxonomías de LATAM”.
“Además, en marzo de 2023, México se convirtió en el primer país en publicar una taxonomía sostenible con objetivos sociales. El propósito del gobierno era proporcionar transparencia a los mercados financieros, fomentar inversiones en actividades ESG y rastrear los flujos de financiamiento”, agregó Gracián.
“La taxonomía de Panamá tiene en cuenta el impacto de las actividades económicas en las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) del país. Mientras tanto, la de Costa Rica presta especial atención a la adaptación climática, y la de República Dominicana enfatiza la protección de los recursos costeros y marinos”, añadió.
Distintos ejemplos de taxonomías en el mundo han sido una referencia para que Chile tenga una guía en el desarrollo de su propio proyecto, un sistema que permitirá mayor transparencia y confiabilidad frente al mercado financiero.
Mientras que, en el contexto nacional el director de finanzas sostenibles de Scotiabank aclaró que, “en Chile, la taxonomía verde permitiría establecer definiciones y estándares claros para las inversiones sostenibles, atraer capital privado hacia soluciones de menor carbono y tecnologías innovadoras, entornos de inversión transparentes y creíbles, y alinear los flujos financieros con los objetivos sostenibles del país”, dijo Daniel Gracián.
Luego del cierre de la consulta ciudadana sobre el anteproyecto (31 de enero de 2025), el informe final con las conclusiones y recomendaciones será publicado en un plazo no mayor a 45 días hábiles desde la finalización de este proceso.