CFA remarca que existe estrés fiscal y necesidad de alcanzar sostenibilidad de las finanzas públicas

El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) advierte que los gastos ya comprometidos superan los niveles compatibles con las metas de Balance Estructural (BE) y que, para cumplir con dichas metas, será necesario reducir los gastos en aproximadamente 1,6% del PIB (US$5.950 millones) durante el período 2026-2029.

El CFA resalta que, en ausencia de nuevos ingresos, la necesidad de ajuste podría ser mayor si no se gestionan adecuada y oportunamente una serie de riesgos.

Entre esos destacan: nuevos incumplimientos de las metas de BE, el encarecimiento del financiamiento, efectos cambiarios en la deuda, subestimación de las necesidades de inversión pública, menor recaudación que la esperada de la Ley de Cumplimiento Tributario, y la activación de gastos o desactivación de ingresos que actualmente no estén adecuadamente registrados en la contabilidad fiscal.

CFA pone foco en mediano plazo: alerta persistencia del estrés fiscal

El CFA presentó hoy su informe de evaluación trimestral sobre el Balance Estructural (BE) y la evolución de la deuda bruta en el marco de la regla fiscal dual, que complementa su reciente informe sobre el incumplimiento de la meta de BE de 2024 y la necesidad de medidas de mitigación.

En particular, el informe se enfoca en los desafíos fiscales de mediano plazo, destacando que la sostenibilidad de las finanzas públicas exige esfuerzos sustantivos en 2025, pero también en los años siguientes.

Ese es el resultado de una trayectoria iniciada con la crisis financiera global de 2008 y acrecentada por la pandemia de Covid-19 (2020-2021), que no se ha estabilizado. Es así como el gasto público ha superado a los ingresos estructurales en 15 de los últimos 17 años, y ha existido un aumento sostenido de la deuda bruta y neta.

En cuanto a la trayectoria fiscal más reciente, en 2022 se redujo significativamente el gasto público en 23%, retirando gran parte de las medidas extraordinarias de la pandemia. Sin embargo, tanto en 2023 como en 2024, que fueron años sin crisis, hubo importantes déficits estructurales, de 2,7% y 3,2% del PIB respectivamente, lo que profundiza el desafío de converger, al menos, hacia un balance estructural y estabilizar la deuda.

En este contexto, el CFA considera imprescindible cumplir en 2025 con la meta estructural de -1,1% del PIB, lo cual requiere ajustes adicionales del gasto por al menos 0,5% del PIB este año.

Como el estrés fiscal se proyecta al mediano plazo, el Consejo considera que, adicionalmente, se requiere un plan que genere espacio fiscal permanente.

En efecto, la Dipres prevé holguras negativas cada año hasta 2029. En particular, proyecta que los gastos ya comprometidos superan el nivel compatible con las metas supuestas de BE en un promedio de 0,4% del PIB por año, lo que equivale a un total de 1,6% del PIB (US$5.950 millones) durante el período 2026-2029.

El CFA resalta que, en ausencia de nuevos ingresos, la necesidad de ajuste podría ser mayor si no se gestionan adecuada y oportunamente una serie de riesgos.

Entre esos, destacan: nuevos incumplimientos de las metas de BE, el encarecimiento del financiamiento, efectos cambiarios en la deuda, subestimación de las necesidades de inversión pública, menor recaudación que la esperada de la Ley de Cumplimiento Tributario, y la activación de gastos o desactivación de ingresos que actualmente no estén adecuadamente registrados en la contabilidad fiscal.

En cuanto a la deuda bruta, si bien la Dipres proyecta que no superará el nivel prudente de 45% del PIB en el mediano plazo, el CFA advierte que también podría verse afectada por los riesgos señalados.

Por ello, además de sus recomendaciones de corto plazo, el CFA sugiere para el mediano plazo:

i) Alcanzar un acuerdo político amplio para lograr ganancias de eficiencia permanentes del gasto público;

ii) Mantener el nivel prudente de deuda en 45% del PIB;

iii) Enfocar el ajuste fiscal requerido en el mediano plazo preferentemente en el gasto corriente;

iv) Mejorar la planificación y gestión de la ejecución presupuestaria del gasto de capital;

v) Explicitar las razones para la disminución de la inversión pública comprometida a mediano plazo;

vi) Precisar, aclarar y eventualmente corregir ciertas transacciones de la contabilidad para la regla fiscal y/o contabilidad pública;

vii) Aumentar la transparencia sobre pasivos no incluidos en las reglas fiscales.

*Fuente: CFA.

Finalmente, ante los desafíos descritos, el Consejo reitera la necesidad de un acuerdo amplio en pos de la sostenibilidad fiscal, que abarque a los poderes ejecutivo y legislativo, para garantizar la coherencia entre los gastos permanentes y sus fuentes de financiamiento.