A fines de la semana pasada, el Gobierno y la mesa del sector público -que representa a 15 organizaciones de trabajadores estatales- alcanzaron un acuerdo sobre su reajuste salarial.
Y en las últimas horas, la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja aprobó en general y particular el proyecto de Ley de Reajuste del Sector Público y lo despachó a la Sala, donde será revisado durante la presente jornada.
Reajuste salarial para los 930.918 funcionarios públicos
En la Comisión, el Ministerio de Hacienda precisó que actualmente en el sector público trabajan 930.918 personas; y que el reajuste -en caso de aprobarse- tendrá un costo fiscal de $1.892 mil millones en régimen, considerando la totalidad de los beneficios.
El proyecto incluye un reajuste general gradual de 4,9%: 3,0% en diciembre de 2024, 1,2% en enero 2025 y 0,64% en junio del mismo año; un reajuste de bonos de 4,2%; y un reajuste de 2% más para remuneraciones mínimas y bonos para rentas bajas -por encima del reajuste general-, quedando en 6,2% en enero y 6,9% en junio de 2025.
Asimismo, dispone la vigencia permanente de los bonos de Navidad, Fiestas Patrias, escolaridad y vacaciones.
El aguinaldo navideño será de $68.865 para aquellos trabajadores cuya remuneración líquida percibida en el mes de noviembre del 2024, sea igual o inferior a $1.025.622. Para quienes perciban una remuneración líquida que supere tal cantidad en esa misma fecha, el monto será de $36.427.
También plantea extender de forma indefinida la vigencia de las leyes de incentivo al retiro correspondientes a las organizaciones gremiales firmantes, “estableciendo los cupos y reglas de aplicación durante la transición, y reglas de adjudicación para cupos no utilizados”.
Además, se indica que a partir de 2027 los funcionarios de estas instituciones “cesarán en sus funciones al cumplir 75 años de edad y recibirán una indemnización equivalente al total de las remuneraciones con tope de 90 UF anuales, por cada año de servicio en la institución, con un máximo de seis”.
Ausentismo laboral en el sector público
El ausentismo laboral en el sector público supera con creces al del sector privado: según la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), en 2023 a los trabajadores públicos se les aprobaron 25,4 días promedio solo de licencias médicas electrónicas; mientras que a quienes ejercen en el área privada fueron 13,6 días.
De acuerdo a datos de la Dirección de Presupuestos (Dipres) difundidos en julio pasado en el Anuario Estadístico de Empleo Público -con cierre en 2023- el promedio anual general de días hábiles no trabajados de quienes ejercen en ese sector, específicamente en el Gobierno Central, fue de 31,78 días.
La principal causal fueron las licencias médicas, en su mayoría por enfermedad o accidente común, seguido por “otros permisos pagados”, entre ellos, los de tipo administrativo.
El Ejecutivo, por tanto, afirmó que empezaría a tomar medidas, con el objetivo de que “prevalezca la responsabilidad fiscal y el uso eficiente de los recursos públicos”.
Y conforme al reporte de Hacienda, se reafirmó que la agenda de trabajo para el próximo año incluye un protocolo de acuerdo para abordar el ausentismo, revisión de contratas o demandas de ministerios sectoriales.
En ausentismo, habría consenso en la necesidad de reducir los índices de ausentismo en el sector público abordando sus diferentes causas.
Por ello, se formará un Comité Nacional de Ausentismo con representantes de las organizaciones de la Mesa del Sector Público y de los ministerios de Salud, Trabajo, Hacienda, Educación y Subsecretaría de Desarrollo Regional.
“Este comité definirá un plan de trabajo en el que, a través de diversas acciones y de manera descentralizada, procurará reducir las brechas de ausentismo en el sector público respecto de la situación previa a la pandemia”, mencionó Hacienda.
“En cuanto a continuidad laboral, se enviará un oficio circular con instrucciones específicas respecto del proceso de revisión de aquellas contratas que no fueron renovadas para el próximo año y el próximo 16 de diciembre se constituirá una mesa de trabajo para revisar el cumplimiento de la Circular de renovación de contratas”, se especificó.
Sobre el incentivo al retiro, se realizará seguimiento a la implementación de las leyes vigentes y a los acuerdos de extensión considerados en el proyecto de ley de reajuste.
Por último, todas las partes continuarán con la mesa de trabajo en materia de “salas cuna, seguridad funcionaria, salud mental, teletrabajo, equidad de género, trabajo decente y 40 horas”.
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