Finalmente, el Presupuesto 2025 termina su paso por el Congreso luego que la sala del Senado aprobara el informe de la Comisión Mixta y despachara la iniciativa a ley.
Con ello, se da luz verde al último presupuesto que será ejecutado íntegramente por el gobierno del presidente Gabriel Boric, ya que el del año 2026, si bien será elaborado bajo esta administración, su puesta en marcha corresponderá, en su mayoría, al próximo gobierno.
Tras semanas de discusión, el proyecto terminó por contemplar un aumento del gasto público del 2% y un recorte de US$600 millones, frente al recorte inicial de US$500 millones, que hubiera significado un incremento del gasto público del 2,7%.
A ley el Presupuesto 2025
A pesar de que el Ejecutivo tuvo que ceder en varios aspectos durante la discusión del Presupuesto, se lograron reponer los recursos del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), del programa de acompañamiento para niños y niñas trans, más otros aspectos relacionados a los servicios de salud y lista de espera.
También se lograron acuerdos en materia de educación, luego que se comprometieran cambios en el sistema de admisión escolar desde el 2026.
Por otro lado, quedaron recortes de gastos en el Ministerio Secretaría General de Gobierno (Segegob), de los $540 millones a los $400 millones.
Gobierno acudiría al Tribunal Constitucional
Además, el Gobierno podría acudir al Tribunal Constitucional debido a que el Presupuesto incluye, por ejemplo, la aprobación de un test de droga para el Presidente y sus ministros y secretarios.
Otro aspecto que se podría objetar ante el Tribunal sería la baja en el pago de contribuciones a adultos mayores beneficiados por la Pensión Garantizada Universal (PGU) y la indicación de oposición que impide a estudiantes de 3ro y 4to medio acceder a gratuidad durante el primer año de estudios universitarios, en caso de que hayan sido sancionados por hechos violentos.
Finalmente, está el rechazo al financiamiento de terapias hormonales en niños, niñas y adolescentes, siendo otro aspecto que el Gobierno podría llevar al Tribunal Constitucional.
En este contexto, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, sostuvo que “el país ya cuenta con un presupuesto del sector público que mantiene el propósito que se señaló cuando lo presentó el Presidente, de cumplir con Chile en materias sociales, económicas, de seguridad pública”.
Además, el jefe de las finanzas públicas adelantó que “el Gobierno llevará al Tribunal Constitucional los temas en los cuales estima no se respetaron las normas constitucionales en el proceso presupuestario”.
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