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Los detractores de la reforma explicaron que aumentará "la pobreza, el desempleo, la inflación y el dólar". Desde el gobierno colombiano defendieron sus beneficios para la ciudadanía y arcas fiscales.
La reforma tributaria del Gobierno colombiano que encabeza Gustavo Petro, aprobada por el Congreso esta semana, ha despertado amores y odios entre los diferentes sectores políticos y económicos que han manifestado sus opiniones con respecto a los textos que votaron ambas cámaras.
En un principio el Gobierno buscaba recaudar 25 billones de pesos (unos 5.000 millones de dólares) con la reforma, pero los cambios hechos al proyecto de ley redujeron una quinta parte de esa cifra hasta los 20 billones para 2023 y 23 billones adicionales para 2026.
En las últimas semanas y durante los debates algunas de las propuestas iniciales cambiaron. Dos de ellas, por ejemplo, son que ya no se gravarán las pensiones altas y que la sobretasa al petróleo y el carbón se aplicará con base en los precios internacionales de los hidrocarburos.
Sin embargo, se consiguió conservar la propuesta del Gobierno de poner una sobretasa en el impuesto de renta en las empresas petroleras y carbón, del 10% en el primer año, y un impuesto al patrimonio progresivo por cuatro años para rentas altas.
También se aumentó el tributo a alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas -con algunas excepciones- del 10% en 2023, que aumentará al 20% para 2025.
Una “reforma social”
“El Congreso aprobó una ley histórica cuyo propósito es contribuir a reducir una enorme deuda social. Es una herramienta que ayudará a erradicar el hambre, reducir la pobreza y la desigualdad, al igual que los privilegios de unos pocos y avanzar frente a la inequidad”, dijo el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo.
El ministro Ocampo dijo que la pobreza monetaria se reduciría en cuatro puntos porcentuales, que equivalen a dos millones de personas, es decir “miles de hogares a lo largo y ancho de nuestra geografía que van a tener una vida mejor”.
Además señaló que esta es la reforma tributaria más liberal de la historia y la más consensuada, pues el alto funcionario ha destinado más de 300 horas a atender las inquietudes y resolver dudas de diversos sectores para tener el “mayor consenso posible”.
David Racero, presidente de la Cámara de Representantes, aseguró que fue aprobada “la reforma tributaria más justa y social de la historia”, mientras que el representante Jorge Bastidas, coordinador ponente del proyecto en la Cámara, señaló que lo aprobado busca apoyar a superar la desigualdad.
En Colombia, según dijo, hay 560.000 niños con desnutrición crónica, 19 millones de personas viven con 11.800 pesos diarios (unos 2,3 dólares), el 94% de las vías terciarias del país están en mal estado y 12 millones de personas tienen acceso deficiente al agua.
Dudas
La presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo Americana, María Claudia Lacouture, manifestó que la reforma aprobada afectará la viabilidad del tejido empresarial y se suma al contexto económico complejo que vive el país por cuenta de la inflación.
“Se aprobó una reforma tributaria a pesar de los esfuerzos para visibilizar, con argumentos, ante el Gobierno y el Congreso, que se afectará negativamente la competitividad de las empresas y se debilitará su capacidad para atraer inversión y crear empleo formal como mecanismo para la superación de la pobreza”, expresó.
La también exministra de Comercio, Industria y Turismo agregó que “el proyecto aprobado traerá más complicaciones al panorama económico nacional”.
“Los cambios en las reglas para las zonas francas y los impuestos para el sector minero energético, así como los tributos a productos de la canasta familiar, tendrán impacto en la creación de nuevos puestos de trabajo en el mediano plazo al perderse elementos esenciales para la competitividad del país”, dijo.
Por su parte, el Centro Democrático, principal partido de oposición, considera que lo aprobado aumentará “la pobreza, el desempleo, la inflación y el dólar”.
“Esta reforma tributaria asfixia a la clase media, golpea a los hogares de bajos ingresos y pone en riesgo la sostenibilidad fiscal del país. Nos opusimos al impuesto a los hidrocarburos, que además va a hacer imposible la transición energética”, dijo el senador Miguel Uribe.
