Luego que el ministerio de Hacienda cerrara la puerta a la inyección de más recursos para la gratuidad 2016, en el Consejo de Rectores analizaron diversas fórmulas para la reasignación de dineros que permitan cubrir la brecha que se generará en algunos planteles en caso de adherir al beneficio.

Tal es el caso del Aporte Fiscal Indirecto (AFI), monto que se entrega a todas las instituciones de educación superior, acreditadas o no, que capten a los primeros 27 mil 500 mejores puntajes de la PSU.

El rector de la Universidad de Santiago, Juan Manuel Zolezzi, indicó que resulta inconducente mantener una política de estas características cuando se está planteando la gratuidad, mostrando su voluntad a que se termine con el AFI y destinar esos recursos para palear el déficit.

En tanto, el rector de la Universidad Mayor, Rubén Covarrubias fue lapidario con la propuesta de gratuidad impulsada por el gobierno, asegurando que esta es una política impuesta por el gobierno a los planteles, resultando un despropósito querer hacer un cambio de paradigma por medio de una glosa presupuestaria.

Durante un seminario sobre financiamiento, el jefe de la División de Educación Superior, Francisco Martínez, expresó las motivaciones que llevaron al gobierno a impulsar esta política pública. Una de ella, para avanzar en mayor inclusión y terminar con las distorsiones que genera el sistema.

Entre esta y la próxima semana, el ministerio de Educación y las universidades del Consejo de Rectores, que mantienen déficit en caso de ser parte de la gratuidad, seguirán acotando los instrumentos para salvaguardar que ninguno de estos planteles se mantengan en esa situación.

Mientras, que desde el Cruch su vicepresidente Ejecutivo, Aldo Valle, reiteró la necesidad que en la glosa del presupuesto se garantice una entrega expedita de los recursos a los planteles que adhieran al beneficio, y así no generar inconvenientes en los manejos financieros de las universidades.