La presidenta Michelle Bachelet se refirió este jueves a la judicialización de los proyectos mineros, asegurando que su gobierno revisará en detalle la causa de los retrasos.

En el marco de la cena anual organziada por la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), la jefa de Estado reconoció que hay numerosos proyectos que están paralizados o que presentan retrasos en su tramitación.

En ese sentido, adelantó que desde La Moneda “vamos a revisar en detalle la causa de los retrasos, y si se deben a ineficiencias del sistema administrativo vamos a remediarlo rápidamente, dando cumplimiento a la normativa pero con una gestión eficiente”.

Pero además, Bachelet advirtió que se deben “dejar atrás los casos de judicialización de los proyectos mineros”, para lo cual se requiere -a su juicio- un trabajo “oportuno y estrecho” por parte de las empresas con las comunidades.

Lo anterior, puesto que la tramitación de recusos en tribunales “no solo alarga excesivamente los tiempos de puesta en marcha de los proyectos, sino que incide en mermar la relación de la actividad minera con la ciudadanía”.

No obstante, la mandataria admitió que “no es fácil armonizar minería y medio ambiente, pero es una condición ineludible para nuestro desarrollo sostenido. Y contamos con una institucionalidad que seguiremos modernizando, para hacerla más efectiva, más eficiente y menos reactiva”.

Estas declaraciones se producen en medio de las negociaciones de la minera Barrick Gold con comunidades diaguitas, con el fin de destrabar la explotación del yacimiento de oro a cielo abierto más grande del mundo, Pascua Lama.

El proyecto fue paralizado en abril de 2013 por la justicia, tras acoger una demanda de los diaguitas que acusan a la minera de causar daño ambiental al contaminar glaciares aledaños que surten un río vital para su supervivencia.

No obstante, 15 de las 18 comunidades diaguitas afectadas anunciaron haber iniciado una fase de diálogo directo con la minera, la primera de las tres etapas para alcanzar un acuerdo final.