La Corte Suprema confirmó íntegramente las condenas dictadas por el Segundo Juzgado Militar contra dos oficiales de Ejército que fueron acusados por delito informático, tras establecerse que sustrajeron y luego divulgaron fotografías íntimas de la ex subteniente Marisol Vargas, quien se desempeñaba en el regimiento número 3 Limache, ubicado en la comuna de Renca.
En la sentencia, los jueces advierten que “quedó establecido que los sentenciados de un modo subrepticio o con un conocimiento no autorizado de la clave de acceso a un computador, vulneraron un software e información confidencial allí almacenada, la que se extrajo a través de un dispositivo externo de almacenamiento para efectos de exhibirse y difundirse a terceros”.
En el veredicto apuntan los magistrados que “el legislador dispensa en este caso una protección penal especial entre otros, a los denominados datos sensibles o el llamado “núcleo duro” de la intimidad personal, entre los que se encuentran aquellos que recaen en la vida sexual de las personas, carácter que tenía la información a la que los sentenciados accedieron y compartieron con otros sujetos”.
Apuntaron ademas que “así las cosas, en el caso de autos debe concluirse que al hacerse aplicación de la norma sancionatoria que se estima conculcada no se ha incurrido en infracción de ley, pues en la sentencia atacada han sido declarados aquellos hechos señalados en la disposición y que constituyen el acto típico, lo que hace que los recursos no puedan ser acogidos”.
El defensor de la ex subteniente Vargas, el abogado Alfredo Morgado valoró la sentencia del máximo tribunal del país señalando que “a pesar de que el Ejército de Chile sea parte de las instituciones armadas, jerarquizadas, subordinadas, esencialmente obedientes, la gente no pierde sus derechos: sus miembros mantiene siempre sus derechos fundamentales y sobre todo su intimidad y su privacidad”, dijo Morgado.
“Hoy en día ya no está en el Ejército Marisol Vargas, pero al menos quienes siguen estando en el Ejército tienen al menos que tener a seguridad de que sus derechos a la intimidad y privacidad no pueden ser vulnerados”, añadió el jurista, que opinó que el fallo marcó un precedente.
Luego de establecer su responsabilidad en el caso, el capitán Sergio Valenzuela Cruz recibió una pena de 541 días de presidio, con arresto domiciliario nocturno; 300 días el capitán Sebastián Campos Bustos.
Luego que las imágenes fueran difundidas en su dotación, Marisol Vargas fue dada de baja, decisión que la impulsó a denunciar el caso públicamente e incluso enfrentarse con las máximas autoridades castrenses.