Como un “supremazo” podría calificarse el fallo del máximo tribunal del país que revocó el sobreseimiento de un ex carabinero acusado de la desaparición de una decena de civiles en Chillán, en los días posteriores al golpe militar.

La Corte Suprema, al acoger el recurso de casación del Programa de Derechos Humanos, cuestionó el informe médico con que el ministro Claudio Arias determinó que Juan Opazo Guerrero sufría de Alzheimer y no podía enfrentar un eventual juicio.

El carabinero en retiro está imputado y procesado en las investigaciones de al menos 10 detenidos desaparecidos. Uno de ellos es el caso del profesor de la Universidad de Chile, sede Chillán, Francisco Sánchez Arguen, visto por última vez con vida el 1 de octubre de 1973.

En ese sumario, el ex uniformado estaba encausado por el delito de secuestro calificado. Sin embargo, el ministro especial de la Corte de Apelaciones de Chillán para causas por violación de derechos humanos, Claudio Arias, acogió un informe del Servicio Médico Legal que daba cuenta de un estado de salud precario de Opazo, por lo que fue sobreseido.

Cuestionando esa resolución, la abogada Patricia Parra, querellante por el Programa de Derechos Humanos, recurrió exitosamente a la Corte Suprema:

Según precisó la abogada Parra, además del diagnóstico, el informe médico debe pronunciarse si el acusado o condenado constituye un peligro para la sociedad, si está o no demente y si es curable o no su enfermedad, aspectos que no constaban en el documento cuestionado por la Suprema.

El mismo antecedente ha sido utilizado en otras investigaciones contra el carabinero en retiro, decretando igualmente el sobreseimiento, por lo que la abogada Parra ha tenido que interponer otros recursos de casación.

Corresponderá ahora que las causas por secuestro calificado contra Opazo Guerrero sean traspasadas a otro ministro no inhabilitado de la corte de alzada chillaneja para proceder a continuar las investigaciones.

Las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos han criticado a los jueces de Chillán por tener el récord de procesos con fallos a favor de los procesados por violaciones de derechos humanos.