Un centenar de personas marcharon en Valdivia contra la planta Ecosolución de Paillaco, incluso los universitarios se sumaron, en el marco de jornada de protesta por nacionalización de recursos naturales.
Desde el terminal de buses de Valdivia salió la columna de 100 personas, compuesta por habitantes de Paillaco, universitarios y secundarios. El objetivo principal de la marcha fue protestar contra la instalación de la planta incineradora de residuos médicos, Ecosolución, de propiedad de la empresa Socoepa.
Tras recorrer las principales calles de Valdivia, el vocero de las comunidades indígenas de Paillaco, Hugo Ormero, cuestionó el rol de la Conadi en la tramitación de la planta Ecosolución, que aprobada a través de una Declaración de Impacto Ambiental, pues según dijo el organismo de asuntos indígenas informó que no existían comunidades mapuche en las cercanías del proyecto, algo que Ormero aseguró es falso.
Durante la marcha se repartieron volantes y se gritaron cánticos contra el consejero regional y tesorero regional de Renovación Nacional Arnoldo Toledo, quien es accionista de la empresa Socoepa, propietaria de la incineradora.
Isaías Torres, delegado del movimiento ciudadano ‘Paillaco Sin Contaminación’ apuntó a la responsabilidad del consejero en la aprobación de la planta.
La presidenta de la junta de vecinos 18 de octubre, Miriam Ojeda, la más cercana al lugar donde se emplaza la planta incineradora de residuos médicos que está prácticamente operativa, denunció la falta de información que rodeó al proceso de aprobación de la planta, acusando a las autoridades de ser responsable de ello.
El vicepresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Austral, José Luis Morales, señaló que se plegaron a la marcha en el marco de la fecha de movilización por la nacionalización de los recursos naturales acordada por la última Confech.
Se espera que durante esta semana las comunidades indígenas de Paillaco presenten un recurso de protección para impedir el funcionamiento de la planta, aduciendo que no fueron contemplados en consulta y que se vulneró el decreto 169 de la OIT.