Tras una reunión con el Arzobispo de Concepción, los cuatro mapuche que cumplen condena por el ataque al fiscal Mario Elgueta, depusieron la huelga de hambre que mantuvieron por 87 días.

Los comuneros y sus familiares se reunieron con el arzobispo de Concepción Fernando Chomalí donde buscaron una salida al extendido ayuno que mantenían desde el 15 de marzo, exigiendo un juicio justo en el proceso judicial por el enfrentamiento con la comitiva del fiscal Mario Elgueta, hecho ocurrido en octubre del 2008, en la zona del lago Lleu Lleu.

Los miembros de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), que llevan 2 años en prisión, tras el reciente fallo de la Corte Suprema fueron finalmente condenados a 14 años de cárcel para Héctor Llaitul, y 8 años para Jonathan Huillical, José Huenuche y Ramón Llanquileo.

El arzobispo Fernando Chomalí informó que se trabajó mancomunadamente en una instancia de diálogo, de reflexión y de acción para ir promoviendo de acuerdo a los estándares internacionales y al propio querer del pueblo mapuche.

Escucha las declaraciones del Arzobispo Chomalí.

En tanto, los comuneros aseguran que los acuerdos alcanzados en esta mesa de negociación formada esta tarde y presidida por Chomalí, tiene las garantías para seguir luchando por los derechos de su pueblo, motivo que los llevó a deponer la huelga.

La familia realiza una rogativa para pedir por la salud de estos cuatro comuneros y según las autoridades médicas seguirán en el hospital de Victoria hasta que sean dados de alta.

A continuación, la declaración pública tras el acuerdo alcanzado:

Los firmantes de esta declaración, convocados por los presos políticos mapuche en huelga de hambre, sus lonko, machi y familiares, compartimos el interés por el respeto de todos los derechos del Pueblo Mapuche y asumimos el compromiso de su promoción y defensa. Por lo anterior declaramos:

1. Que Chile se ha comprometido a través de diversos tratados internacionales a promover, respetar y garantizar los derechos políticos, territoriales, económicos, sociales, culturales y de acceso a la justicia, sin discriminación, tanto en el ámbito colectivo como individual, de los pueblos originarios. A lo cual están obligados todos los poderes del Estado chileno.

2. Pese a lo anterior, se ha acrecentado el despojo territorial, la ausencia de derechos políticos y, principalmente, la militarización, criminalización y judicialización de sus legítimas demandas, cuya responsabilidad recae en todos los poderes del Estado chileno.

3. Es de suma gravedad la estigmatización y discriminación que ha sufrido el Pueblo Mapuche, por medio de la aplicación de leyes de excepción, tal como la Ley Antiterrorista. Dicha ley ha sido condenada ampliamente por no ajustarse a los estándares internacionales de un debido proceso. Responsabilidad que, nuevamente, recae en todos los poderes del Estado, sin excepción, al no derogarla o reformularla, y otros por invocarla y aplicarla.

4. En el contexto de las distintas huelgas de hambre de los presos políticos mapuche, como una expresión del problema de fondo, es que venimos a asumir un compromiso real y permanente para el cumplimiento de dichas obligaciones, a la cual esperamos se sumen otros actores. Asumimos este compromiso entendiendo que es un deber de todos hacer valer dichos derechos y denunciar toda vez que estos sean vulnerados, en forma activa y coordinada.

5. Esta voluntad se expresara en una instancia de trabajo denominada Comisión por los Derechos del Pueblo Mapuche.

6. Por tanto llamamos al Gobierno a abrirse a un diálogo permanente y transparente con el fin de avanzar en el respecto y garantía de los derechos de los pueblos indígenas, en particular a reformar la Ley Antiterrorista para, tal como los señaló el Presidente de la República en su cuenta pública ante el Congreso Pleno, para adecuarla a los estándares internacionales de derechos humanos.

7. Ante este compromiso es que nuestros hermanos mapuche han decidido levantar su huelga de hambre.

8. Instamos a toda la sociedad a adherir a esta declaración y a trabajar por la paz, fruto de la justicia.

Monseñor Fernando Chomalí, Arzobispo de Concepción

Lorena Fríes, Directora Instituto Nacional de Derechos Humanos

Amerigo Incalcaterra, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Monseñor Pedro Ossandon, Obispo Auxiliar de Concepción

Padre José Fernando Díaz, Comisión Nacional de la Pastoral Indígena Zona Sur

Natividad LLanquileo Pilquimán, Vocera

Millaray Garrido Paillalef , Vocera

Pamela Pessoa Matus, Familiar