Convencionales piden no sesionar en la UdeC por ser querellante en causas del estallido social
Integrantes de la Convención pidieron a la Mesa no sesionar en la U. de Concepción durante la semana en que el organismo se traslade a la región del Bío Bío. Esto, ya que la casa de estudios es querellante en causas vinculadas al estallido social, por la que los detenidos arriesgan penas de hasta 10 años. Según los convencionales, trabajar en la UdeC pondría en riesgo la legitimidad del proceso.
Un grupo de constituyentes solicitó a la Mesa de la Convención Constitucional que no se realicen sesiones en la Universidad de Concepción durante la salida del organismo a la región del Bío Bío, programada para la semana del 22 de noviembre.
Esto, ya que la casa de estudios es querellante en causas vinculadas a detenidos del estallido social, quienes enfrentan penas de hasta 10 años de cárcel efectiva por delitos como porte de armas prohibidas, lanzamiento de bombas molotov, destrucción de Monumento Nacional, desórdenes y daños.
La solicitud fue formulada a través de un documento, firmado por Bastián Labbé, Elisa Giustinianovich, Alondra Carrillo, Manuela Royo, Carolina Vilches, Janis Meneses, María Elisa Quinteros, Gloría Alvarado y Vanessa Hope.
“Lamentablemente, la Universidad de Concepción ha tenido un rol como persecutor penal en el caso de presos políticos del estallido social en la ciudad de Concepción, quienes estuvieron durante varios meses en prisión preventiva y actualmente se encuentran con arresto domiciliario, a la espera del juicio”, consigna el escrito.
En ese sentido, se agrega que “la universidad tiene rol de querellante en la causa y se ha opuesto sistemáticamente a medidas cautelares distintas a aquellas privativas de libertad. Los jóvenes afectados en esta causa son doce, aun cuando la universidad solo presentó acusación contra seis de ellos”.
Los convencionales, quienes pertenecen a distintos distritos, aseguran que esta acción de la UdeC es contraria a la declaración que suscribió la Convención el pasado 9 de julio, donde “exigimos la liberación de las presas y presos políticos del estallido social”.
Por ello, afirman que realizar actividades al interior de esta casa de estudios “no sólo pone en riesgo la legitimidad del proceso, sino también significa una amenaza para el funcionamiento efectivo del plenario”.
Finalmente, proponen que las sesiones programadas para la semana entre el 22 y el 26 de noviembre se realice en las dependencias del Teatro Municipal de Concepción u otro recinto que cumpla con los requisitos necesarios.