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La teleserie se niega a terminar. Las posturas contrapuestas en torno a la supuesta intervención extranjera siguen escalando entre La Moneda y Fiscalía. Y puntualmente entre el presidente Sebastián Piñera y el titular del Ministerio Público, Jorge Abbott.
Como era de esperar, las declaraciones del Mandatario en CNN en Español, el 15 de diciembre -pero que fueron difundidas el miércoles- no cayeron nada bien. Y no sólo en Fiscalía, sino también en el INDH y en la oposición.
En la entrevista, en la que analiza la situación en medio de la crisis, insistió en la influencia extranjera en el estallido social, según información que -según dice- le han entregado gobiernos amigos y el polémico informe de big data, cuyo contenido no era conocido en esos días.
Como ejemplo, el Presidente aseguró que “muchas de las noticias, de los videos relacionados con derechos humanos, que se han difundido profusamente en los medios de comunicación chilenos y también extranjeros, no corresponden a la realidad. Hay muchos de ellos que son falsos, que son filmados fuera de Chile, o que son tergiversados. Sin duda hemos debido enfrentar una campaña de desinformación que es muy difícil de contrarrestar, porque ha habido poca capacidad de los medios de comunicación de verificar la verdad”.
Acto seguido, remarcó que todos esos antecedentes están en manos del Ministerio Público. Pero una vez más fue desmentido por el fiscal nacional Jorge Abbott, quien descartó tener vídeos que sustenten la afirmación del Mandatario: “Hasta el momento, en las imágenes que hemos analizado no tenemos esa situación (que provengan del extranjero), lo que no descarto que pueda ocurrir en el futuro”, señaló.
Ambas partes ya habían protagonizado dichos cruzados la semana pasada, y La Moneda intentó zanjar el asunto con una reunión entre Abbott y el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, en la que comprometieron la entrega de “información extraordinariamente sofisticada a partir de análisis con tecnología de big data”, cuyo informe -según se supo días después- apuntaba a la relación del estallido social con actividad en redes sociales del extranjero y particularmente la influencia de fanáticos del K-Pop.
Al fiscal nacional se sumó el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, quien dijo en Radio Duna que la inmensa mayoría de los videos que ha observado la institución son verdaderos y muchos ratificados con testimonios confiables. Admitió que han existido videos de otros momentos de la historia o extranjeros, pero que esos no han sido considerados en los análisis de organismo.
En tanto, el presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margotta, fue un paso más allá y acusó que Piñera intenta negar las violaciones a los DDHH.
“Forma parte de un intento por tratar de deslindar sus responsabilidades. A mí me recuerda mucho a lo que ocurrió durante la dictadura de Pinochet. Los representantes diplomáticos de la dictadura en los foros internacionales de Naciones Unidas decían que los desaparecidos, asesinados y torturados eran un invento”, acusó.
Tras las críticas, el Gobierno salió en grupo a respaldar al Presidente. Blumel, por su parte, dijo que hay mucha información que no es veraz, que es falsa, aunque -en un intento por bajar el tono- matizó el asunto subrayando que ninguno de esos antecedentes constituye una realidad jurídica.
La vocera de La Moneda, Karla Rubilar, blindó a Piñera diciendo que ella misma había visto 4 ó 5 videos, y que el Mandatario no ha negado la existencia de violaciones a los Derechos Humanos. En la misma línea, su par de Justicia, Hernán Larraín, precisó por su parte que la existencia de estas vulneraciones no significan que todas las denuncias sean reales.
“El cargo le quedó grande”
Ante dicho escenario, la oposición acusó negacionismo y aseguró que el Presidente relativiza las violaciones a los Derechos Humanos.
La presidenta de Revolución Democrática, Catalina Pérez, calificó de graves estas acusaciones, ya que “eligen el camino de la desinformación. Está claro que no tienen ninguna capacidad política para enfrentar la crisis y en vez de buscar soluciones se dedican a poner en cuestión las imágenes registradas por los manifestantes intentando limpiar su imagen ante el mundo como si en Chile no se violaran los DDHH”.
“Esto es gravísimo. Si no tienen pruebas sólo demuestra que el cargo hace rato le quedó grande”, añadió.
Del mismo modo, el senador Alejandro Guiller lo acusó de no decirle la verdad al país y confundir a la opinión pública. “Un día dice que a él le maravillan las marchas y las movilizaciones. Después las demoniza y dice que son movidas por potencias poderosas y esto es una guerra. Ya eso habla de una persona que está un tantito desequilibrada”, aseguró.
Lo anterior, en directa alusión a un discurso contradictorio del Mandatario ante la prensa chilena y otra diametralmente opuesta en el plano internacional. Como cuando en entrevista con BBC Mundo dijo que él había estado en las marchas, mientras ante los medios locales hablaba de un enemigo poderoso. O cuando en nuestro país habla de investigar debidamente los casos de violaciones de DDHH y, a contramano, en CNN dice que los videos que constatan esos episodios no son reflejo de la realidad.
En ese contexto, el diputado de Convergencia Social, Diego Ibáñez, ofició a La Moneda para que especifiquen esas pruebas y el informe en el que se basó para sostener la afirmación.
Con todo, si bien pudo haberlo dicho a primera hora para evitar que su gabinete saliera a dar explicaciones, a última hora del jueves optó por retractarse de sus polémicos dichos.
“No me expresé en forma suficientemente precisa, provocando interpretaciones que no representan mi pensamiento. Las violaciones a DDHH deben ser condenadas siempre, por todos y en toda circunstancia y nunca tolerar la impunidad”, señaló mediante una publicación en Twitter, acompañada de un video en el cual admitió que “han habido abusos, atropellos y violaciones de Derechos Humanos” y que su administración se ha preocupado que cada antecedente llegue a manos de la Fiscalía.
