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Ecuador impuso el jueves el estado de excepción para intentar aplacar la ira social que estalló en las calles, con duros choques con la policía que dejaban 45 detenidos, tras el fin de subsidios a combustibles acordado con el FMI.
“Se están controlando casi en su totalidad los focos de violencia que se han generado”, dijo el presidente Lenín Moreno entrada la noche en Guayaquil (suroeste), tras el primer día de una huelga nacional de transportistas, a los que tildó de “golpistas” y acusó de pretender desestabilizar a su gobierno.
Acosado por un alto endeudamiento y falta de liquidez en la dolarizada economía, el gobierno pactó un millonario programa de créditos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que incluye el desmonte de esos subsidios, que demandaban 1.300 millones de dólares.
El consecuente incremento de las tarifas del diésel y la gasolina en hasta un 123%, que empezó a golpear los bolsillos de los ecuatorianos a partir de este jueves, precipitó la paralización de transportistas sin tiempo definido, lo que llevó al Ejecutivo a extender hasta el viernes la suspensión de clases.
Miles de manifestantes se movilizaron en varias ciudades e incluso grupos ya exigen la salida de Moreno del poder en medio de enfrentamientos a piedra y bombas incendiarias con la policía.
El mandatario endureció su respuesta y decretó la medida de excepción por 60 días para “evitar el caos”.
Sin embargo, en Quito, los manifestantes se mantuvieron en las calles en un abierto desafío al gobierno, que quedó facultado para emplear la fuerza armada en el control del orden público, restringir el derecho a la movilización o imponer la censura previa a los medios.
“¡Que se vaya el viejo (Moreno)! Si ahora sube la gasolina mañana será el gas (que mantiene el subsidio) que usamos todos. Eso no podemos permitir”, dijo a la Agence France-Presse Luz Aguirre, una desempleada de 47 años.
Las protestas se tornaron violentas. Con gases lacrimógenos y a la fuerza, la policía desalojó a algunos de los grupos que reclamaban en cercanías de la sede de gobierno. Varios periodistas locales fueron agredidos en medio de los choques.
El fantasma del derrocamiento
Sin un sólido apoyo en el Legislativo y las encuestas en contra, Moreno lidia con las primeras consecuencias del convenio con el FMI de marzo para obtener créditos.
Los transportistas pararon en varios puntos y universitarios salieron a las calles en Quito en el marco de la mayor huelga en Ecuador desde la llegada de la izquierda al poder en 2007.
En la capital los autobuses y taxis dejaron de circular. Lo mismo sucedía en otras ciudades, en protesta por el aumento de los combustibles que eran los más baratos y más utilizados.
El jueves el galón americano de diésel pasó de 1,03 dólares a 2,30 dólares y de gasolina corriente de 1,85 a 2,40 dólares, por lo que organizaciones de indígenas y sindicales también prevén protestar.
El malestar social evoca el pasado de inestabilidad en el pequeño país petrolero. Tres presidentes -dos de los cuales intentaron reajustes económicos- fueron derrocados entre 1996 y 2007, cuando Ecuador llegó a tener siete mandatarios.
Dura prueba, peor dilema
Se trata de una dura prueba para el gobierno de Moreno, que le achaca el deterioro de las finanzas públicas a su antecesor y exaliado Rafael Correa (2007-2017). En alusión a seguidores del exmandatario, quien vive en Bélgica, la ministra de Gobierno (Interior), María Paula Romo, señaló que “hay actores políticos que han aprovechado estas circunstancias para provocar el caos”.
“Esperaría que estas protestas no tengan la presión para que el gobierno eche atrás las medidas. Esperemos que no porque sería una señal de debilidad enorme del gobierno, que le implicaría mayores problemas que los que está intentando resolver”, explicó el politólogo Santiago Basabe, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).
La medida es parte de reformas tributarias y laborales que el Ejecutivo impulsa en función del acuerdo con el FMI para conseguir créditos por 4.209 millones de dólares.
El sector del transporte demanda que se dejen sin efecto los aumentos o que haya compensaciones económicas.
Otros organismos multilaterales también entregarán 6.070 millones de dólares en préstamos a Ecuador, que por falta de liquidez ha emitido bonos de deuda por más de 10.000 millones de dólares.
Su pasivo externo trepó a 39.491 millones de dólares (36,2% del PIB) en julio, creciendo en casi 47% en el actual gobierno.
