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De forma unánime, el pleno de la Corte Suprema se negó a revisar el fallo que ordenó abrir un cuaderno de remoción contra el ministro Marcelo Vásquez, de la Corte de Apelaciones de Rancagua. En tanto, esta mañana será reformalizado por enriquecimiento ilícito y prevaricación el suspendido ministro Emilio Elgueta, que también enfrenta el mismo proceso de expulsión del Poder Judicial.
Este jueves, el pleno del tribunal máximo del país declaró inadmisible una reposición de la defensa del ministro Marcelo Vásquez, que buscaba dejar sin efecto apertura del cuaderno de remoción. Además, el máximo tribunal desechó reconsiderar la sanción económica en su contra, al determinar que no se aportaron nuevos antecedentes.
Al juez se le inculpa de dictar la resolución en que se contrató a su hija; dar consejo a una persona con cautelar de arresto domiciliario; y conformar la integración de una sala que no correspondía con el sorteo, precisamente para el sobreseimiento de Sebastián Dávalos Bachelet en el caso Caval.
El vocero de la Corte Suprema, el ministro Lamberto Cisternas, informó que tras esta resolución, se abre el plazo del proceso de remoción contra Vásquez y Elgueta, quienes tienen cinco días para emitir un informe con sus descargos.
“Desde el mismo momento que se notifica comienza el plazo para que ellos emitan su informe, haga lo propio la Corte de Apelaciones de Rancagua, y ahí verá la presidencia si necesita agregar otro antecedente al cuaderno para pasarlo al Pleno”, comentó el vocero de la Suprema, Lamberto Cisternas.
En tanto, la Segunda Sala del Tribunal Constitucional resolverá el martes de la próxima semana la tramitación y la solicitud de suspensión de su proceso disciplinario, incluida en el requerimiento presentado por la defensa del ministro Vásquez.
Reformalización de Elgueta
El ministro Emilio Elgueta será reformalizado esta mañana por los delitos de enriquecimiento ilícito y prevaricación, audiencia que se desarrollará desde las 9:00 horas en el Juzgado de Garantía de Rancagua y que estará a cargo del fiscal metropolitano sur, Héctor Barros.
El magistrado enfrentó los mismos cargos el 26 de abril pasado, cuando la investigación estaba en manos del suspendido fiscal jefe de Alta Complejidad de Rancagua, Sergio Moya.
En esa oportunidad, que no incluyó medidas cautelares pues se necesitaba una querella de capítulo –que la Fiscalía requerirá a la hora de una eventual acusación formal para llevar a juicio oral al ministro–, el persecutor se basó en cuatro hechos de presuntos delitos de prevaricación que, de acuerdo a los antecedentes, apuntarían a votaciones a favor de clientes de igual número de abogados con los que Elgueta tuvo previamente constantes llamados telefónicos.
Respecto al enriquecimiento ilícito, el fiscal Moya describió presuntos ingresos injustificados del magistrado en sus cuentas bancarias por un total de 28 millones 652 mil pesos, que se dividen en depósitos en dinero en efectivo por 17 millones 557 mil pesos, transferencias electrónicas por 9 millones 131 mil pesos y cobro de cheques de terceros por 1 millón 970 mil pesos.
