La Superintendencia de Educación Superior entregó datos sobre su primera fiscalización al cumplimiento de la Ley 21.369, que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la educación superior.

En base a información de 153 instituciones, incluyendo universidades, institutos profesionales, centros de formación técnica e instituciones pertenecientes a las Fuerzas Armadas y de Orden, 95,4% de ellas declaró contar con una política integral contra el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género.

Solo siete instituciones, correspondiente al 4,6% del total del sistema, indicaron no tener dicha política disponible aún.

Debido a lo anterior, la superintendencia confirmó que inició los procesos administrativos sancionatorios correspondientes para que las instituciones en cuestión “puedan entregar sus descargos y, en base a ello, definir las sanciones que correspondan”, señalaron a través de un comunicado.

En el detalle, por tipo de institución, todos los centros ligados a las Fuerzas Armadas y de Orden (19) cumplen con la norma.

Al contrario, dos universidades, un instituto profesional y cuatro centros de formación técnica no lo hacen.

¿Cómo se aplicó la ley contra el acoso sexual en la educación superior?

En lo referido a cómo se estructura la política integral contra el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en la educación superior, un 44,5% de las instituciones la consolida en un documento único.

Por otra parte, un 48,6% indicó que ha organizado su política en un conjunto de instrumentos.

Entre las instituciones que declararon contar con una organización de formatos distinta a las señaladas se mencionan decretos de rectoría, políticas complementarias de diversidad e inclusión y cartillas de procedimientos específicos contra el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género.

De las instituciones que declararon contar con una política integral, 140 reportaron la existencia de un modelo de prevención (95,8%) y 142 aseguraron contar con un modelo de investigación y sanción (97,2%).

Por su parte, a la fecha de aplicación de la fiscalización, un 90,8% de las instituciones reconoció contar con unidades responsables de la implementación de políticas, planes, protocolos y reglamentos contra el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género.

Ese porcentaje aumenta a un 92,8% al consultar por la existencia de una unidad responsable de llevar a cabo los procesos de investigación y sanción en estas materias.

El superintendente (S) de Educación Superior, Gerardo Egaña, señaló que este primer proceso de fiscalización “nos confirma que el sistema de educación superior, en general, ha respondido de muy buena manera a la necesidad de prevenir y regular el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito académico”.

“El tratamiento de temáticas como el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género por parte de todos los miembros de las comunidades educativas supone un cambio cultural que debe darse al interior de todas las instituciones de educación superior y que nosotros, como superintendencia, iremos monitoreando para resguardar que se cumpla la ley”, agregó.

Una vez revisada en detalle la totalidad de la información recopilada, la superintendencia procederá a identificar y a requerir antecedentes adicionales a aquellas instituciones que puedan presentar inconsistencias en sus reportes, “de manera de activar todas las facultades fiscalizadoras que nos entrega la ley para resguardar el fiel cumplimiento de la norma”, señaló Egaña.