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Un matrimonio penquista y un padre con su hijo figuran involucrados en el caso de la venta ilegal del fúsil AK-47 y municiones, que ha conmocionado a la opinión pública en los últimos días. Todos residentes en el barrio alto de Santiago y simpatizantes de derecha.
En el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago se formalizó a cinco personas por el delito de porte y tenencia de armas de fuego y municiones (Ley 17.798 de Control de Armas) en el llamado caso AK-47.
Se trata de tres hombres y dos mujeres, todos residentes del barrio alto de Santiago y, de acuerdo a lo que se pudo recabar, según fuentes internas de la investigación, los cinco serían simpatizantes de derecha.
La instancia determinó prisión preventiva para uno de ellos y los restantes cuatro quedaron con medidas cautelares menos gravosas.
Para salvaguardar los resultados de la investigación, la justicia determinó mantener los antecedentes del caso en secreto.
Joaquín Valdés Muñoz fue el único que quedó preso. En tanto, para Eugenio Gutiérrez Manzy se ordenó arresto domiciliario, mientras que a Carlos Valdés Palacios se aplicó firma y arraigo nacional. Asimismo, las dos mujeres acusadas, Catalina Urrutia Searle y Valeria Bancalari Palma, recibieron arresto domiciliario nocturno.
La indagación se originó hace pocas semanas cuando la Brigada Investigadora del Crimen Organizado (Brico) de la PDI tomó conocimiento sobre la venta de un fusil AK-47 ruso, con un cargador de 36 balas, por un millón y medio de pesos.
Esto, gracias a escuchas telefónicas -que reveló en exclusiva Radio Bío Bío- donde se pudo constatar la participación de dos involucrados: “Matías”, quien mantenía una deuda en dinero con “Joaquín”, quien sería el sujeto que quedó en prisión preventiva.
Es en ese contexto de la conversación donde apareció popular el fusil de asalto. Un arma de guerra.
Familia penquista
De acuerdo a los antecedentes que recopiló BioBioChile, una de las mujeres detenidas, Valeria Bancalari Palma, tiene 40 años, está casada desde 2003 con un sujeto que también estaría implicado en el caso, de quien se desconoce el paradero y cuyo origen también está ligado estrechamente a la capital penquista, aunque ambos se trasladaron desde Concepción a Santiago hace aproximadamente cinco años.
Este último implicado, en su perfil de Facebook aparece con un rifle emulando el instante en que activa el gatillo, dejando en evidencia su gusto por las armas. Su nombre es Matías Ugalde Vásquez y en las escuchas telefónicas sería “Matías”, comprador del arma automática.
En concreto, la mujer fue detenida el lunes en la mañana en su casa en La Dehesa y, según lo que describe una fuente cercana al caso, junto con la detención, la Policía de Investigaciones (PDI) registró la vivienda y se llevó algunos elementos determinantes para la investigación del caso.
Finalmente, tras la formalización de ayer, quedó con arresto domiciliario nocturno.
Padre e hijo
El único de la lista de imputados que quedó con la medida cautelar de prisión preventiva, José Joaquín Valdés Muñoz (41 años), quien sería “Joaquín” en los audios publicados por BBCL, tiene residencia en Apoquindo, en Santiago. Es piloto y fanático de las motos, aviones y tiene una playlist, en su cuenta de Youtube, en que muestra videos de armas y describe episodios de la dictadura de Augusto Pinochet.
El mismo José Valdés, que aparece como eventual vendedor en la transacción ilegal del fusil, es hijo de Carlos Valdés Palacios (80 años), el otro imputado en la causa, que quedó con firma y arraigo nacional.
De los restantes imputados, se pudo determinar que Eugenio Gutiérrez Manzy, aparece vinculado al mundo de los helicópteros y su empresa le prestaría servicios a Conaf para el combate de incendios.
También sería miembro del Club Aéreo de Santiago, figura con un curso especial como subalferez en la Asociación de Pilotos en Retiro de LAN Chile y su edad aproximada es de 65 años.
Finalmente, la otra mujer en la lista, Catalina Urrutia Searle, de 34 años, tiene residencia en Vitacura, es la cuarta de cinco hermanos y registra actividades como corredora de propiedades.
La investigación
Según el reportaje de la Unidad de Investigación de Bío Bío, todo comenzó hace pocas semanas cuando la Brigada Investigadora del Crimen Organizado de la PDI (Brico) dio con la información de la venta de un fusil AK-47 ruso con un cargador de 36 balas por un millón y medio de pesos que, según las pruebas que se han levantado, habría pertenecido al MIR.
Gracias a escuchas telefónicas -autorizadas judicialmente- se estableció que “Matías” mantenía una deuda en dinero con “Joaquín” y en ese contexto de la conversación apareció el fusil de asalto.
Matías le pregunta a Joaquín por qué posee un arma de esas características, quien respondió que su hermana había pertenecido al MIR y que en su familia hay varios militares, por lo que el arma era parte de un decomiso “para la época del 73”.
En la transcripción de la escucha, se lee: “Matías le consulta Joaquín si es que ella lo quiere vender por lo que Joaquín indica que sí y que el “Hueón” (como llaman al AK-47), no es “chino”, es RUSO, que es de verdad y que este “Hueón” lo requisaron para la época del “73” (…) y que un tío abuelo se lo quedó”, se lee en el documento que maneja la PDI y Fiscalía.
Luego de ello fijan un posible precio de un millón y medio. Joaquín quedó en avisarle si su hermana estaba de acuerdo en la transacción.
La indagatoria se había iniciado en la Fiscalía Sur como una de las tantas por tráfico de armas del hampa, pero el caso debió ser trasladado a la zona oriente, que es donde viven Matías y Joaquín.
El 2 de febrero pasado ambos volvieron a sostener una conversación, la que nuevamente la grabó de forma íntegra la PDI.
A cargo de la investigación está el persecutor Andrés Iturra, de la Fiscalía Metropolitana Oriente y ahora los imputados en el caso deberán explicar el fin de la transacción ilegal de un arma de grueso calibre, bajo el contexto de la crisis social en el país.
