En la más reciente sesión de la Comisión Especial Investigadora por Criminalidad Macrozona Norte, el lunes, la Policía de Investigaciones (PDI) pidió una reunión reservada para referirse a la información que maneja sobre “las maras”, peligrosas pandillas de Centro América, provenientes por ejemplo de El Salvador.
En concreto, el jefe nacional antinarcóticos y contra el crimen organizado, el prefecto inspector Paulo Contreras Cortés, deslizó la solicitud tras una pregunta del presidente de la instancia, el diputado Jaime Araya (IND-PPD).
El legislador le preguntó al oficial, solo si podía responder, por los antecedentes disponibles de este grupo, que ya podría haberse instalado en Chile.
Araya basó su duda en la situación que se vive en ese país caribeño, actualmente bajo una especie de guerra contra el narco.
“¿Eso no ha tenido el efecto derivado que buena parte de las bandas que operaban ahí se trasladaron a Chile? ¿Y tenemos antecedentes de si están llegando a Chile?”, inquirió el legislador.
“Se lo pediría hacer en una sesión reservada, por favor”, dijo Contreras.
De acuerdo al portal de la comisión en la Cámara, la próxima sesión se fijó para las 15:00 horas del 23 de enero.
A diferencia de todos los encuentros anteriores, este solo aparece citado como presencial, sin modalidad híbrida.
“Esta sesión tiene por objeto recibir al director general de la Policía de Investigaciones de Chile, señor Sergio Muñoz Yáñez; y al subdirector de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria, prefecto inspector señor Luís Silva Barrera; para que se refiera al tenor del mandato y al objeto de investigación de esta Comisión”, se lee en la descripción.
¿Qué son las maras?
Según las BBC, las maras son pandillas que controlan territorios.
Al mismo tiempo tiene vínculos con el crimen organizado en materia de narcotráfico, armas y trata de personas.
El gobierno de Nayib Bukele logró aprobar una reforma para perseguir penalmente a las maras, incluido a menores a partir de los 12 años, ante la crítica de la comunidad internacional y de organizaciones de Derechos Humanos.
Junto a eso dio luz verde a la construcción de una cárcel de máxima seguridad con capacidad para 20 mil internos.
Junto a eso se aprobaron sanciones para medios de comunicación que publiquen o transmitan mensajes o comunicados originados o presuntamente originados por maras.
Además se prohibió la creación de graffitis alusivos a las pandillas y la reutilización de bienes, armas o dinero incautados a las pandillas en su propia lucha.
